El Trabajo tu derecho

Tu derecho al Trabajo.

 


“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.” (Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948).

 

Mucha agua y mucha sangre han corrido en el mundo antes y después de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que intentó consagrar al trabajo como Derecho Humano, cuestión que aún con los avances logrados no ha podido plasmarse en forma integral, en gran parte de este mundo que nos toca habitar  en  la actualidad.

 

El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación.

 

Sin embargo, y muy a pesar de la lucha permanente que gran parte de la humanidad ha emprendido y lleva adelante en la actualidad contra las injustas situaciones que atraviesan grandes colectivos humanos, respecto del derecho que invocamos, hoy todavía nuestros pueblos siguen sufriendo, entre avances y retrocesos, constantes ataques a este derecho inalienable que, como el mismísimo derecho a la vida, debería ser PRIORIDAD de todos los gobernantes del mundo para alcanzar la plena ocupación, base del bienestar y la armonía que cualquier persona merece.

 

La historia del derecho al trabajo es tan antigua como la humanidad misma, y hay que remitirse a la Edad Media, para encontrar los primero signos de legislación laboral en el mundo.

 

La esclavitud tal cual se la conoce, ha existido desde la Edad Antigua y hasta casi el final del siglo XX, y desde la irrupción del Capitalismo como sistema, la explotación del hombre por el hombre ha sido el modo más común de sometimiento de pueblos enteros y razón fundamental de acumulación de riquezas por parte de las minorías que en todo tiempo y lugar imponen sus criterios impidiendo el bienestar común y generando grandes masas de excluidos.

 

Esta situación sería aún peor, si la lucha histórica de los trabajadores no hubiera logrado institucionalizar principios fundamentales relativos al trabajo como derecho, que todavía no son respetados en la medida que debieran serlo.

 

Es en este sentido que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, han expuesto claramente el significado del trabajo como derecho para toda la humanidad.

 

La aparición del Constitucionalismo Social, no solo ratificó esta concepción, sino que profundizó en el contenido de los derechos que como trabajador cada persona debe ser sujeto, incorporando así desde la duración de la jornada laboral, hasta el aguinaldo y el seguro social de salud, entre otros tantos atributos obligatorios.

 

En la Argentina sobresale la Constitución de 1949 como ícono hasta ahora insuperable de legislación en la dirección más conveniente para los trabajadores. El sangriento golpe de 1955 derogó aquella norma fundamental, por lo que los avances logrados en ese tiempo histórico para la clase trabajadora quedaron reducidos al artículo 14 bis de la Constitución Nacional reinstalada por el Gobierno de la Revolución Libertadora.

 

Los modelos económicos imperantes, dejan a los pueblos librados a las leyes del mercado, por lo que la desocupación es una de las variables que utilizan los poderosos para bajar el valor de los salarios y por ende obtener mayores ganancias.

 

La intervención del Estado resulta fundamental entonces para acompañar a los trabajadores logrando salarios que les permitan vivir con dignidad, y bajando los índices de desocupación con las acciones que correspondan para sostener el derecho inalienable a TENER TRABAJO.

 

Párrafo aparte para el TRABAJADOR ESTATAL, que si bien ha sido contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al otorgarle la estabilidad laboral con sentido amplio, este derecho se cumple solo para las minorías que han alcanzado la planta permanente, quedando el resto en el segmento de PRECARIZADOS.

 

La lucha contra la precarización también es parte de la pelea por alcanzar el derecho al trabajo para todos y todas los habitantes de la Patria.

 

En los tiempos que corren, se vuelve a plantear el desafío de defender los logros alcanzados, y seguir avanzando para alcanzar también la PLENA OCUPACION, con el cien por ciento de los trabajadores LEGALMENTE REGISTRADOS para que todos tengan acceso a los beneficios sociales que les corresponden, solo cuando esto ocurra podremos afirmar que TENER TRABAJO ES UN DERECHO DE TODO EL PUEBLO.

 

Solo la UNIDAD Y ORGANIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES LO HARA POSIBLE. 

 

 

 

Tus derechos como trabajador del Estado

 

La pelea de los empleados del Estado por su reconocimiento como trabajadores ha sido vasta, y no exenta de obstáculos. De hecho, se trata del gremio al que más le costó conquistar el derecho a la negociación colectiva.

 

En su Declaración de Filadelfia de 1944, la Organización Internacional del Trabajo ya había enunciado entre sus objetivos el reconocimiento del derecho de negociación colectiva y, para 1948, adoptó el Convenio Nº 87, que reconoció el derecho de sindicación tanto a los trabajadores del sector privado como a los del sector público.

 

Sin embargo, cuando en 1949 la OIT adoptó el Convenio Nº 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, se excluyó a los funcionarios públicos de su ámbito de aplicación. Hubo que esperar casi treinta años para que este organismo internacional adoptara un instrumento legal sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Así fue como, con la adopción del Convenio Nº 151 el 27 de junio de 1978 (y posteriormente con la Recomendación Nº 159), se ampliaron a los trabajadores del estado derechos reconocidos en el Convenio Nº 98, otorgándoles oficialmente el derecho a participar en la determinación de sus condiciones de empleo.

 

Como todo convenio de la OIT, el Convenio Nº 151 es un tratado internacional legalmente vinculante, destinado a ser ratificado por los Estados Miembros. En él se establecen los principios básicos que deben aplicar dichos países. La Recomendación Nº 159 que lo acompaña es de carácter no vinculante y complementa al convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación.

 

Organizaciones representativas de trabajadores estatales en el ámbito latinoamericano y mundial, tales como la CLASEP, la CLATE, la INFEDOP y la ISP -entre otras-, han realizado campañas para instalar el 27 de junio como Día del Trabajador Estatal en todo el mundo en conmemoración de este acontecimiento clave.

 

La evolución internacional del reconocimiento a los trabajadores del sector público del derecho a negociación colectiva ha sido fundamental porque ha impulsado la lucha de los trabajadores de diferentes países y distintas regiones del mundo por hacer efectivo ese derecho.

 

En nuestro país el artículo 16 de la ley 25.164 enumera los derechos que corresponden al empleado público. Esta enumeración no es taxativa, ya que el mismo artículo así lo aclara, y también el artículo 1° de la mencionada norma establece que son un piso mínimo irrenunciable para el trabajador, pero nada obsta a que estos sean ampliados en convenios colectivos de trabajo firmados dentro del marco de la ley 24.185. Los derechos allí contenidos son a la estabilidad; a la retribución justa por los servicios, integrándole los adicionales que correspondan en cada caso; a la igualdad de oportunidades para hacer carrera dentro de la Administración Pública; a ser capacitado de forma permanente; a la libre afiliación sindical y firmar convenios colectivos de trabajo; a que se le reconozcan las licencias, justificaciones y franquicias; a acceder a las indemnizaciones, compensaciones y subsidios que le correspondan; a recibir asistencia social para sí y para su familia; a interponer los recursos que estime necesarios; a acceder a la jubilación o retiro; a renunciar; a la higiene y la seguridad en el trabajo; a participar, a través de los organismos sindicales, en los sistemas de calificaciones y de disciplina que se hayan fijado en los convenios colectivos de trabajo. Establece este mismo artículo en su último párrafo una diferencia trascendental entre el empleado de planta permanente, y el personal contratado de forma transitoria, señalando cuales son los derechos que los asisten. Es importante resaltar aquí que el derecho a la estabilidad no alcanza al personal contratado de manera transitoria.

 

El trabajador estatal, garante de derechos. 

 

En los tiempos que corren y desde que los poderes concentrados intentan tener el control total de la Administración Pública a través de todas sus armas, se intenta desprestigiar hasta su destrucción al Trabajador del Estado.

 

Este debate que instalan los liberales sobre la ineptitud del estado y la necesidad de su achicamiento permanente, solo encubre una visión del mundo en la que sus intereses están por encima del bienestar general.

 

Desde nuestro Sindicato, consideramos que el Estado debe desarrollar políticas y planes de gobierno para el bienestar general. Pero también debe preservar los derechos de sus empleados, lo que lo define como institución empleadora. Mal podría, dicho Estado, exigir condiciones de trabajo que él mismo no cumpliera.

 

Pero por otro lado, todas sus políticas de bienestar hacia el ciudadano común, requieren de los empleados públicos para su implementación.

 

Ser empleado público no es solamente ser administrativo, aclarando que éste trabajo sigue siendo fundamental para el ciudadano común. Ser empleado público también significa ser enfermero, maestro, policía, técnico, ingeniero y tantas otras actividades que enfrentamos cada día con lo mejor de nosotros mismos en beneficio de la ciudadanía.

 

Y este es el Rol que queremos destacar, porque en cualquier lugar de la Patria  hay un compañero estatal dispuesto a hacer lo necesario para que nuestros compatriotas puedan ejercer todos sus derechos.

 

De ahí la importancia de que el estado tenga Trabajadores capacitados, idóneos y eficientes para apagar un fuego, para preservar la vida de los accidentados, para diseñar o reparar una ruta o un puente, para decidir en una licitación o para educar a un niño. Eficiencia que debe ser protegida y bien remunerada para poder cumplir sin obstáculos con sus obligaciones.

 

Se critica nuestra estabilidad sin saber que somos minoría los que la detentamos. Lo que no se dice es que esa estabilidad está pensada para que se cumplan las tareas con idoneidad y tranquilidad, sabiendo que nuestro trabajo no va a ser juzgado por los avatares políticos de turno. Lo que, maliciosamente, tampoco se dice es que en la actividad pública, el que comete una negligencia o un delito, es sometido a un sumario que puede desembocar en su cesantía o exoneración si es hallado culpable. Es decir, estabilidad no quiere decir impunidad, como se lo pretende mostrar.

 

Nuestra ATE Capital, consciente del momento histórico que nos toca transitar, seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo de todos los estatales, en el marco de la revalorización de su importancia como nexo indispensable entre el Estado y los Ciudadanos.

 

Asumiendo el compromiso de fortalecer el estado, garantizando el acceso de nuestro pueblo a todos los derechos que le corresponden, defendiendo las políticas públicas que benefician a los más humildes, y luchando por las que faltan, convocamos a todos y todas a sumarse al desafío de consolidar la Patria justa, libre y soberana que nos merecemos.