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Editorial: Las políticas de Derechos Humanos en jaque

2017-03-21 Twitter Facebook




Una de las principales incógnitas que trajo la victoria electoral de Cambiemos en 2015 fue cuál iba a ser la línea respecto de las políticas públicas de Derechos Humanos. Estas políticas habían sido un emblema de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, en los que volvió a sentar en el banquillo a los militares genocidas, se recuperaron ex Centros Clandestinos de Detención en todo el país, se brindó asistencia legal y psicológica a víctimas de Terrorismo de Estado y familiares y se incorporó la enseñanza de la última dictadura cívico militar a la currícula obligatoria. Por lo tanto, la discusión que se abría adquiría una gran importancia.


La primera muestra venía dada por los 8 años de gestión el PRO en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que Mauricio Macri pedía “terminar con el curro de los derechos humanos”, las áreas especializadas eran cada vez menos y más chicas. Antes del 10 de diciembre de 2007, Derechos Humanos era un Ministerio de la Ciudad, mientras que hoy es una Subsecretaría que, a lo largo de estos 8 años, fue pasando por distintos Ministerios, como si la Ciudad no supiera bien qué hacer con ella. Más llamativo es que estos Ministerios hayan sido la Jefatura de Gabinete y la Vicejefatura de Gobierno, dos áreas en donde era difícil articular la política con otras reparticiones.


En paralelo, hacia adentro esta Subsecretaría también sufría recortes: en 2014 se eliminó el programa de asistencia a Víctimas de Violaciones, lo que desencadenó un conflicto de grandes dimensiones. El mismo año, el PRO buscaba deshacerse del Instituto Espacio para la Memoria, que gestionaba los ex Centros Clandestinos de la Ciudad, y acordaba el pase de la gestión a la Nación. Por último, la Subsecretaría de Derechos Humanos sufriría un último golpe a fines de 2015, cuando perdía una de sus cuatro Direcciones Generales, pasando a ser una Subsecretaría con tan solo tres Direcciones y alrededor de 100 trabajadores/as.


Esta misma política empresarial de ajuste y achicamiento, lógica general del macrismo para gestionar el Estado, fue llevada al gobierno después del 10 de diciembre de 2015. Desde temprano el diario La Nación olfateaba el nuevo clima, y apenas un día después del ballotage reclamaba desde su editorial el fin de la política de Memoria, Verdad y Justicia. El nuevo gobierno nacional no tardó en hacerse eco de los reclamos de uno de sus principales soportes mediáticos, y poco después de la asunción las distintas áreas de Derechos Humanos sufrían un recorte brutal mientras Claudio Avruj, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, se reunía con las asociaciones de familiares de genocidas.


Parte importante del reclamo actual tiene que ver con la continuidad de la política de Juicio y Castigo. Además de que el Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, venía siendo querellante en los juicios de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, había una multiplicidad de programas de investigación que aportaban información a las causas. El programa Verdad y Justicia y las direcciones de Derechos Humanos del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores investigaban complicidad empresarial y crímenes económicos; hoy ya no existen o vieron sus funciones drásticamente reducidas (no resulta menor el hecho de que muchos de los investigados fueron socios, parientes o amigos de miembros del actual gobierno). La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, que aportaba información sobre miembros de las Fuerzas de Seguridad para las causas, sufrió el mismo destino. La dirección análoga del Ministerio de Defensa está en un momento crítico, debido a que el inminente despido de un grupo de trabajadores hará imposible cumplir la función para la que el programa fue creado.


Esta pequeña muestra de una política general de vaciamiento nos marca de forma clara nuestra agenda en este momento de retroceso: la defensa irrestricta de la política de Derechos Humanos. Mientras Milagro Sala y el resto de los compañeros y compañeras de la Tupac Amaru son los primeros presos políticos de este gobierno, mientras hay un avance de la violencia institucional y policial, mientras Cambiemos busca construir un Estado para los ricos y las grandes empresas, nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras estatales es la defensa de un Estado fuerte y presente, con políticas activas e inclusivas para las mayorías populares y comprometido con la defensa y la promoción de los Derechos Humanos.

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