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El día 22 de febrero comienza a circular un listado informal de posibles despidos con 29 trabajadores y el 28 a la madrugada llega un segundo listado, esta vez con 135 trabajadores y trabajadoras del Organismo, entre ellos personas con discapacidad, delegadas/os, compañeras con 60 años recién cumplidos y trabajadoras/res con licencia por enfermedad.
Esto se da en el marco donde el gobierno de Javier Milei anuncia el cierre del INADI, frena la entrega de medicación oncológica y hemofílica, y frena las pensiones no contributivas. A esto se suma el cierre de la DADSE, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, que daba respuesta a casos críticos; y la interrupción del transporte de las PCD, por falta de actualización en los montos del nomenclador, en un contexto en donde la inflación en sólo dos meses (dic-ene) escaló un 46.1%.
Es de público conocimiento, luego de la pelea con los gobernadores, la represalia que pretende tomar el presidente intentando desfinanciar a las provincias: el 80% de los despidos que se dan en el ANDIS es de personas que desempeñan sus funciones en las provincias.
Desde que asumió el Dr. Diego Orlando Spagnuolo, actual Director Ejecutivo de la ANDIS, los trabajadores y las trabajadoras vienen sufriendo constantes ataques y descalificaciones. Hace dos meses que está en el cargo y la única “política” que lleva adelante es el recorte de salarios y reducción de personal, lo que no hace más que impactar en el funcionamiento de la Agencia y demorar los tiempos en la cobertura de las prestaciones que impactan en la calidad de vida de las PCD.
Nos preguntamos: ¿Qué se está haciendo con el presupuesto destinado a las políticas de discapacidad?
Rechazamos y repudiamos la discriminación que están sufriendo las personas con discapacidad y nuestros compañeras/os despedidos, los recortes salariales y la no ejecución del presupuesto en tiempo y forma.
