07 abril 2025
Comenzando por la dimensión institucional, el Ministerio de Capital Humano degradó y achicó una Secretaría de Estado, convirtiéndola en una pequeña subsecretaría de políticas familiares. Aunque en lo formal la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sigue existiendo (es el ex MDS), en lo real el organismo rector de políticas públicas de niñez, adolescencia y familia del Estado Argentino ha perdido rango institucional, asignación presupuestaria, dotación de personal, presencia territorial y capacidad de intervención en materia de su competencia, según las funciones asignadas en el art.44 de la ley 26.061.
Es sabido, que 6 de cada 10 niños en la Argentina se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, de acuerdo con Unicef, el presupuesto para políticas de niñez se ha visto reducido en un 75% en términos reales.
Algunas de las actividades donde NO se registra ejecución presupuestaria son:
Plan Nacional de Primera Infancia y Centros de Desarrollo Infantil de todo el país:
150.000 chicos y chicas de 0 a 4 años dejaron de recibir asistencia y dejaron de contar con espacios de cuidado y educación.
Línea 102, de escucha a niños, niñas y adolescentes. Desarticulación de un sistema federal de escucha y recepción de denuncias ante situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Programa Nacional Primeros Años: Acompañamiento territorial a niños y sus familias, brindando herramientas para una crianza saludable y acercando políticas públicas al territorio.
Estrategia Aunar Familias: Subsidios económicos para que niños y niñas sin cuidados parentales no tengan que ser institucionalizados. Entre 2021 y 2023 se dieron cientos de altas en todo el país.
Ley 27.709 Ley Lucio, de prevención contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. No registra una sola capacitación desde el inicio de la gestión.
Políticas Federales para el Fortalecimiento de la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes: Convenios y financiamiento a las áreas de niñez provinciales y municipales.
Programa de prevención del grooming – Clic Derechos: Sin actividad alguna.
Políticas destinadas a adolescentes y/o a adolescentes infractores a la ley penal
Fortalecimiento de espacios de inclusión y desarrollo para organizaciones sociales, a través de convenios para proyectos en territorio, entre otras.
Los programas PAE, RENNYA y Decreto 5/23 se encuentran con atrasos en los pagos, o con restricción de nuevas altas.
También queremos denunciar el CIERRE DE LOS ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN TERRITORIO: Los Espacios de Promoción de Derechos (EPD) son lugares de encuentro para niños, adolescentes y sus familias con el objetivo de realizar actividades deportivas, lúdicas y culturales en sus comunidades. En ellos también se brinda asistencia alimentaria, espacios de salud mental, vacunación, gestión de dni, auh, etc. Asimismo, funcionan como lugares de alojamiento en el marco del programa de Turismo Social.
Entre 2021 y 2023 pasaron por los EPD la siguiente cantidad de niños, niñas, adolescentes y sus familias de todo el país:
● Centro Garrigós: Entre 2021 y 2023 pasaron por él más de 17.000 chicos y chicas a través de las áreas de turismo social, programa jugar, territorio en movimiento, salud,etc.
● Espacio Unzué: Entre 2021 y 2023 participaron 350.000 personas en el marco de las actividades de verano.
● CIC Néstor Kirchner (Villa Zagala): Entre 2021 y 2023 fueron asistidas 54.619 personas.
● EPD La Matanza: Asistencia alimentaria, salud mental y talleres para 1200 niños, niñas y adolescentes y sus familias.
● EPD Maschwitz: Más de 200 familias asistidas con alimentos, espacios de salud mental, talleres, jornadas recreativas y campamentos.
● EPD Colonia Gutiérrez, Capitán Sarmiento e Inchausti: Entre 2021 y 2023 participaron 11.331 niños, niñas y adolescentes, de 96 instituciones. Asistencia alimentaria a 600 familias; espacio de salud mental y vacunatorio.
Paralelamente, la ex Sennaf no es ajena al proceso de desmantelamiento de toda la Administración Pública Nacional. Desde diciembre de 2023 a la fecha han sido despedidos más de 800 trabajadores del organismo, alrededor del 35% de la dotación total, en su mayoría con muchos años de experiencia y vasta formación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. El 60% de ellos cumplían funciones en territorio en todo el país. Tanto los despidos de personal calificado como el achicamiento de las políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes son las dos caras de una misma moneda.
Y para demostrar que el ajuste y el desprecio a la niñez es una política de Estado, han oficializado la recompensa monetaria para los funcionarios que de manera cómplice la ejecutan (Decisión administrativa 7/2025).
También hay otras políticas vinculadas a infancias y adolescencias - que se implementan por fuera de la Sennaf - que se encuentran disminuidas o eliminadas:
● Plan Enia, de prevención del embarazo adolescente
● Entregas de libros a las escuelas
● Entregas de netbooks y tablets
● Provisión de alimentos a comedores comunitarios
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA 2025:
A partir de todo lo hasta aquí expuesto, consideramos que la actual gestión de gobierno ha tomado decisiones que son contrarias al deber de garantía y cumplimiento en el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina.
Esta afectación de derechos se genera desde diferentes dimensiones:
1. Degradación del rango institucional del organismo rector de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia (de Secretaría de Estado a Subsecretaría de Estado).
2. Drástica reducción del presupuesto destinado a las políticas públicas de niñez y adolescencia (- 75%) en términos reales.
3. Eliminación y/o puesta en pausa de la ejecución de la mayoría de los programas ya existentes, aun cuando algunos de ellos fueron creados por leyes nacionales.
4. Despidos masivos de trabajadores y trabajadoras del organismo rector de políticas públicas de niñez y adolescencia; en su gran mayoría profesionales con muchos años de experiencia en la temática.
5. Propuesta de un nuevo régimen penal juvenil contrario a los principios de la Convención de los Derechos del Niño y a la Ley 26.061; que pretende bajar la edad de punibilidad a los trece años.
Es notable destacar cómo la intención del agravamiento de las políticas represivas para la niñez y la adolescencia se configura como la contracara de la disminución presupuestaria de las políticas de promoción y protección de derechos y el cierre de programas ya funcionantes; lo que concluye inevitablemente en un debilitamiento de todo el Sistema de Protección de Derechos de manera global.
Esto no solamente pone en situación de incertidumbre al colectivo de trabajadores y trabajadoras de niñez, adolescencia y familia, sino que además significa el desmantelamiento de las políticas públicas del organismo; desconociendo de esta manera el mandato de la ley 26.061 de promoción y protección integral de derechos, y la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución Nacional.
Al día de la fecha nos encontramos con que el presupuesto 2024 ha sido subejecutado, hemos sufrido 800 bajas de compañeras/os desde diciembre de 2023 a la fecha, y se han puesto en pausa la mayoría de los programas del organismo. La parálisis es casi total. Cada vez menos programas para niños, niñas y adolescentes. Han destruido la red de asistencia a la niñez en todo el país.
Suma preocupación a este escenario el no funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, la falta de reclamo de las provincias ante esta situación; y también la potencial intervención de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en los próximos días.
Al igual que en los 90, estamos viviendo un nuevo proceso de descentralización sin recursos; ya que el planteo es que sean las provincias y municipios las que asuman en su totalidad la implementación de políticas para niños, niñas y adolescentes, desentendiéndose así el Estado Nacional de su rol de rector y garante del acceso a derechos de las infancias y adolescencias de nuestro país e incumpliendo el mandato de la ley 26.061.
El clima imperante es de mucha angustia. Nos encontramos frente a un gobierno que postula un modelo de Estado mínimo, dejando vacante su responsabilidad de proteger y garantizar el acceso a derechos de las infancias y adolescencias, que no ejecuta políticas que promuevan acceso a la salud integral y a la educación de calidad.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a los referentes institucionales, políticos, y de las organizaciones sociales del país, que puedan pronunciarse sumando su voz en defensa de las políticas de infancia y adolescencia, así como también de quienes trabajamos en pos de sus derechos.
MILEI, PETTOVELLO, ORDOÑEZ Y SCHERRER
VIVAS SON RESPONSABLES.
LA NIÑEZ NO ES LA CASTA.
NO AL AJUSTE Y LOS DESPIDOS EN LA SENNAF!!!
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