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Como gremio, siempre estuvimos a favor de las políticas de jerarquización y formación de las trabajadoras y trabajadores del Estado. Invitamos al Ministro a recorrer cualquiera de las oficinas públicas donde encontrará compañeras y compañeros comprometidos y formados para su tarea. Son ellos y ellas quienes, desde su puesto de trabajo, ejecutan y son garantes de las políticas públicas de gran dimensión como la instrumentación y pago de la AUH, el apoyo, entrega y seguimiento de lo que fuera el programa Conectar Igualdad, el acompañamiento en el territorio en planes de salud, niños y niñas en situación de riesgo, entrega de documentos de identidad, entre muchas otras. Todo esto, antes y después del 10 de diciembre de 2015, y pese al abandono de las políticas públicas que las nuevas autoridades han llevado a cabo desde esa fecha en cada una de las áreas del Gobierno Nacional.
Detrás del discurso de la Alianza Cambiemos, que continúa con su campaña de estigmatización al empleado público, se esconde la intención de reducir el Estado a su mínima expresión. Se nos califica como ñoquis o grasa militante, como pobre excusa para comenzar con su política de despidos, que inevitablemente seguiría hacia el sector privado. Todo de la mano de la intención de modificar o eliminar políticas públicas en favor de los ciudadanos, sobre todo de aquellos más desprotegidos.
Es llamativo que el hoy Ministro Ibarra no explique por qué nunca implementó la Carrera Administrativa en la Ciudad de Buenos Aires. Para muestra bien vale una gestión de casi 10 años en el Estado porteño a cargo del PRO, y con Andrés Ibarra a cargo del Ministerio de Modernización. Fue durante esta gestión que, bajo esta misma consigna, anunciaban allá por 2013 una nueva Carrera Administrativa para los trabajadores y trabajadoras. Supuestamente, mediante capacitaciones y evaluaciones anuales los trabajadores y trabajadoras irían ascendiendo en la carrera y por lo tanto incrementando su salario. La realidad es que la carrera nunca se implementó y la gran mayoría de los empleados porteños no han tenido derecho a ascender, encontrándose a la fecha en el nivel más bajo, con salarios de un promedio de $17.641 bruto para un profesional universitario y $15.515 bruto para un administrativo.
Nuevamente buscan profundizar la campaña de estigmatización al empleo público, sugiriendo poca calificación profesional y con supuestos salarios de $30.000. Le informamos al Sr. Ministro que el 60% del personal del Estado nacional reviste en las categorías más bajas, con un salario bruto de $17.054 para un/a profesional universitario/a y $10.623 para un administrativo/a, muy cercanos al salario mínimo vital y móvil. Mientras se despidieron miles de trabajadores y trabajadoras estatales, el Ministro Ibarra autorizó la ampliación y contratación de la planta jerárquica del Estado, agregando Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y cargos de Direcciones Nacionales, con denominaciones y funciones insólitas, difíciles de explicar y con sueldos muy superiores a la media del trabajador estatal.
Finalmente, es muy claro que, tal como lo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales objetivos de la gestión del PRO no es la formación y jerarquización del empleo público, sino la contratación de "consultoras" del sector privado que muestran planes irrealizables, pero que le cuestan al Estado varios millones de pesos. La capacitación de los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, debe estar puesta en función de los objetivos de las políticas públicas a favor de los ciudadanos con derechos vulnerados, derechos que hay que garantizar en todo el territorio nacional.
