#Géneros
Denunciamos
la disolución del Organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron
notificadas de la no renovación de sus contratos. Así, el gobierno de Milei
será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un Organismo
específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad,
incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia,
generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos.
Mientras
tanto, las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en medios de
comunicación anunciando que habrá más despidos y se contradicen afirmando que
darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible ya que las
políticas públicas que lo hacían no se sostienen sin las trabajadoras y
trabajadores especializados que están despidiendo. Incluso desconocen la
normativa, anunciando que se trabajará la “atención a personas en situación de
violencia y riesgo”, desconociendo las especificidades reconocidas por la Ley
26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las
obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume
tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de
género.
Es imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada a fin de
dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar las Violencias contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollan sus relaciones interpersonales, que contaba con equipos
interdisciplinarios, especializados justamente en ello. En la guardia que
atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio
nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de
esta Ley.
El
equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de
Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad
sexual que asiste a víctimas y familiares de víctimas, y que gestiona la
reparación económica para hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio, que
se da en el marco de la Ley 27.452, también quedó reducido a dos trabajadoras.
Existen
actualmente más de 7000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya
fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la
espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar. Los
equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en
diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%. Tampoco podrán
continuar recibiendo asistencia en el territorio, ya que los equipos del
Programa Acercar Derechos que se insertaban en las provincias fueron
completamente desmantelados en algunas provincias y en otras cuentan con solo
una o dos trabajadoras.
El equipo que garantiza las capacitaciones obligatorias en materia de
género y violencia de género a funcionarios de los tres poderes del estado en
el marco de la Ley Micaela N° 27.499 fue desmantelado por completo.
La
lista puede continuar con áreas desmanteladas por completo, con el despido de
la totalidad de sus trabajadoras y trabajadores en lo que era la Secretaría de
Igualdad y Diversidad que abordaban temáticas de cuidados, ruralidad,
participación política, paridad, discapacidad, trabajo, salud sexual y
reproductiva. El Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para
Personas Travestis, Transexuales y Transgénero quedó, a partir de los despidos,
con una sola trabajadora y no casualmente al mismo tiempo se despidió a casi la
totalidad de las/os trabajadoras/es cuyo contrato se enmarcaba en la Ley 27.636
de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros
"Diana Sacayán-Lohana Berkins" establece un cupo mínimo de 1% de los
cargos y puestos del Estado Nacional para esta población.
Ante
la situación de gravedad absoluta e imposibilidad de cumplir las exigencias de
nuestras propias leyes y compromisos internacionales, organismos de la sociedad
civil han llevado a cabo una presentación judicial que radica en el fuero
contencioso y administrativo. En la misma, demandan que la administración de
Javier Milei se expida sobre la continuidad de los programas en materia de
prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. Además,
solicitan cautelarmente la continuidad laboral de quienes día a día llevamos
adelante estos programas.
Nos
mantenemos en estado de alerta, exigiendo la continuidad de todas las
políticas, la renovación de nuestros contratos y la reincorporación de todas y
todos las/os trabajadoras y trabajadores despedidos. Denunciamos al
presidente Javier Milei, al Ministro Mariano Cuneo Libarona y a la
Subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este
vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de
este Organismo.
