#Gremiales
A través del decreto 882/2017 firmado por el presidente de
la Nación, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el Ministro de Energía,
Juan José Aranguren, el Gobierno Nacional tomó la decisión de avanzar con la
privatización de diez centrales de energía, entre las que se encuentra Dioxitek
S.A.
El decreto establece que el 51 por ciento de las acciones,
que anteriormente estaban en manos de la Comisión Nuclear de Energía Atómica
(CNEA), quedan sujetas a privatización. En diciembre del 2015 el Gobierno
Nacional declaró la emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta,
casualmente, diciembre del 2017; por lo que se le instruyó al Ministerio de
Energía a elaborar e implementar un “programa de acciones necesarias” con el
fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico y garantizar la
prestación de los servicios públicos. En ese sentido, la incorporación de capitales
privados se ve potenciada poniendo en marcha “las medidas necesarias para la
venta, cesión u otros mecanismos de transferencia”.
El delegado adjunto de Dioxitek, Pablo Sanchez, profundizó: “La
emergencia energética que declaró el Estado Nacional, con Cambiemos a la cabeza,
les da una serie de super poderes para poder ordenar toda su matriz energética y
tenemos un tipo como Aranguren sentado en los dos lugares del mostrador,
ordenando el precio del kilovatio y, al mismo tiempo, pagando ese precio, lo
cual deja a los trabajadores y al pueblo en general en una situación de
vulnerabilidad porque dependemos de un grupo concentrado de la economía, en
definitiva, la energía es para los que la pueden pagar y los que no pueden que
no consuman directamente”.
“Vienen a instalar el modelo energético de los 90, por eso
para nosotros y para la intersindical nos alerta la posibilidad despidos de los
trabajadores ante la privatización de las centrales nucleares. Se pierde la
soberanía de Argentina de haber estado hace más de 60 años apostando a un
proyecto nuclear bajo el cual se formaron un montón de científicos y que le da
a la Argentina un estatus a nivel internacional como productor de dióxido de
uranio”, agregó el delegado.
Rodolfo Kempf, trabajador de CNEA y vocal de ATE Nacional,
resaltó que “la energía es un derecho humano y su acceso tiene que ser de libre
disponibilidad”. Además, explicó que “hicimos una reunión de unidad sindical ATE
Nacional, ATE Capital, UPCN, UOM, todos los sectores involucrados para armar un
plan de lucha integral que incluye enlazarnos con los usuarios y enfrentar el
tarifazo, la privatización y el aumento de la pobreza energética”.
Dioxitek S. A. es el tercer productor mundial de fuentes
selladas de Cobalto – 60 y el primero en Latinoamérica. A su vez, la planta de
uranio que está en Córdoba tiene un valor estratégico de mucha profundidad para
el Estado ya que es la única que produce polvo de dióxido de uranio de pureza
nuclear grado cerámico, utilizado en reactores nucleares, y provee a las
centrales nucleares.
El dióxido de uranio se utiliza en la fabricación de
combustible para centrales nucleares de Atucha I y Embalse. El Cobalto – 60 en
la preservación de alimentos, en la esterilización de instrumentos quirúrgicos,
tratamientos de residuos hospitalarios patógenos y tratamientos de enfermedades
tumorales, entre otras cosas.
