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La irregular situación no solo atenta contra el cobro del salario de 200 empleados y empleadas, sino también contra las misiones y funciones de promoción y defensa de los DD.HH en el ENTE.
Pablo Vialatte, delegado general del sector explicó que “el
mes pasado sufrimos un retraso de 12 días en el pago de nuestros haberes y
encima no nos daban respuestas. Estuvimos de paro de miércoles a miércoles,
porque ya nuestros compañeros no tenían ni para pagarse los pasajes de
colectivo”, sostiene.
“Nosotros entendemos que esto es un desfinanciamiento porque
no están pudiendo recortar desde otro lugar, y porque nuestra gestión tiene participación
de los organismos de derechos humanos y al tener que acordar con ellos se les
dificulta, ya que por supuesto que ellos están con nuestra lucha”.
Además, Vialate advierte que “el Ministro de Justicia Germán
Garavano y Claudio Avrug, Secretario de DD.HH, se pasan las responsabilidades y
entretanto los funcionarios no dan una explicación sobre las partidas
presupuestarias ya aprobadas desde 2017”.
Este nuevo escenario, es un claro ataque no solo a los
trabajadores y trabajadoras, sino también a la política pública de Derechos
Humanos que, en el sector, garantiza y resguarda el Directorio de Organismos de
Derechos Humanos, integrante del Órgano Ejecutivo que gestiona el ENTE.
Frente a esta grave situación, la junta interna en articulación
con organizaciones de derechos humanos y nuestro Consejo Directivo, se ha
declarado en estado de alerta y asamblea permanente y evaluaran las acciones a
seguir en el caso de que no se regularice el envío de los fondos asignados.
