Repudiamos con la mayor energía el comunicado negacionista emitido por el Ministerio de Capital Humano, que no es más que un burdo intento de criminalizar la memoria, la verdad y la justicia. El sumario policial iniciado por el organismo por la colocación de la baldosa con la inscripción "Barrios x Memoria y Justicia" en la sede de la Secretaría de Trabajo, busca silenciar el grito de justicia de las y los trabajadores que resistieron el terrorismo de Estado.
Familiares de los compañeros secuestrados por fuerzas de ocupación israelíes en el día de ayer, realizaron una conferencia de prensa en nuestro sindicato, donde informaron sobre la situación de Carlos “Cascote” Bertola, Celeste Fierro y Ezequiel Peressini, argentinos detenidos tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud el 1º de octubre por el Estado sionista y genocida de Israel. Hoy, el repudio tuvo su fruto y nuestros compañeros vuelven a casa.
La Educación Sexual Integral (ESI), como política pública instaurada en 2006 y construida sobre cinco ejes fundamentales: cuidar el cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad y ejercer nuestros derechos, no solo orientan contenidos pedagógicos, sino que expresan una concepción de ciudadanía, de justicia social y de derechos humanos.
Los derechos humanos de las personas con discapacidad son aquellos derechos fundamentales que garantizan su dignidad, promueven su autonomía e igualdad, reconocen su capacidad jurídica y su derecho a no ser discriminadas. Son establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de rango constitucional. Estos derechos abarcan la vida, la educación, el empleo, la salud, la vida independiente y el acceso a la justicia, promoviendo su plena inclusión e impulsando su participación en la sociedad.
Este 16 de septiembre las y los trabajadores estatales nucleados desde ATE Capital conmemoramos lo que ha quedado en nuestra memoria colectiva como “La Noche de los Lápices”.
Durante la dictadura de Alejandro A. Lannuse, el 22 de agosto de 1972 la armada argentina asesinó a 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew. El fusilamiento de los presos políticos fue el primer gran acto del plan clandestino de represión que alcanzaría su mayor expresión con la última dictadura cívico-militar. A 53 años, Patricia Bullrich, negó a familiares de las víctimas actividades conmemorativas.
El 21 de agosto de 2003, por impulso del Presidente Néstor Kirchner, el Congreso Nacional sancionó la Ley 25.779 que declaró la nulidad absoluta de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final; lo que permitió la reapertura de cientos de juicios contra los genocidas responsables de la atroz dictadura cívico militar; y el fin de la impunidad.
Los abajo firmantes, integrantes de organismos de derechos humanos, comisiones por la memoria, áreas de derechos humanos de organizaciones sindicales, de universidades, de gestión pública, y del ámbito legislativo, entre otros sectores, nos unimos ante la detención y proscripción de Cristina Fernández y organizamos el espacio Derechos Humanos contra la proscripción: Cristina Libre. Nos reunimos porque entendemos que este hecho afecta a nuestra democracia y a los derechos constitucionales de todo el pueblo argentino.
