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comunicado de prensa de Delegades de ANDIS
Por otra parte confunde lo que implica el certificado de discapacidad con la pensión no contributiva (PNC).
Aclaramos que el Dr. Spagnuolo es abogado penalista y no se le conoce formación alguna sobre su expertis en el área de la discapacidad. Nos preguntamos entonces, si es “abogado penalista” o “abogado panelista”.
Durante el día de hoy se llevó adelante un circo mediático sobre las políticas de discapacidad, intentando instalar las enunciaciones como imágenes con fines de distracción mediática. Le pedimos que mientras, “auditan los curros” se pongan a gestionar y efectivicen políticas públicas necesarias para las personas con discapacidad.
Por otra parte, repudiamos que se utilice a las redes sociales oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad para denunciar lo que todavía no se ha investigado con profundidad ni cuenta con fallo judicial alguno.
SABUESO SIN GESTIÓN
Como funcionario público, el Dr. Spagnuolo tiene la obligación de denunciar cualquier delito contra el erario público (malversación de los fondos públicos) como así también tiene la obligación de poner en funcionamiento el organismo para el cual fue designado, sin dilatar el cumplimiento de las funciones específicas en protección del colectivo de personas con discapacidad.
Y de haber detectado irregularidades en los trámites auditados, inicie las denuncias ante la autoridad judicial correspondiente contra los responsables de dichos delitos.
Sabemos que la normativa regulatoria para la concesión de PNC ha variado innumerables veces desde la sanción de las normas que la regulan, de manera que el análisis de cada supuesta irregularidad, deberá ser realizado de conformidad con las normas vigentes al momento de su concesión.
Desde enero de 2023 hasta la fecha, es la Junta Evaluadora que está constituida dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad que determina “cuándo existe o no invalidez laboral” y no depende del criterio médico unilateral el que delimita el grado de incapacidad requerido para ser beneficiario de una PNC.
Lo mismo ocurre con la compatibilidad de las PNC y el trabajo regulado que desde diciembre de 2023 se encuentra reglado y no fue derogado. Aquellas irregularidades que denuncia deben ser coherentes con la normativa vigente.
Si el sistema de requisitos para ser beneficiarios de una PNC no coincide con la realidad actual del país, tiene todas las competencias para modificarlo pero de ninguna manera lo habilita para frizar el funcionamiento del Organismo.
Vale mencionar que consideramos un acierto que las personas con PNC, no tengan un impedimento para poder trabajar en relación de dependencia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona la importancia de la autonomía del sujeto de derecho, es el trabajo lo que dignifica y abre las puertas a esa autonomía.
PLATA HAY
Le informamos al Director de ANDIS que el estado argentino recibió el año pasado dos préstamos internacionales: uno ante la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- y otro ante el BID -Banco Interamericano de Desarrollo-. Ambos préstamos ya fueron aprobados, pero actualmente no se está cumpliendo con los requisitos acordados para que los montos sean ejecutados en tiempo y forma.
CONTRIBUCIÓN DESDE ATE-ANDIS
Desde este espacio hemos denunciado reiteradamente el cese de una de nuestras funciones como trabajadores. Las auditorías en terreno se han desmantelado desde que asumió el gobierno del PRO a finales del 2015, para las prestaciones otorgadas y financiadas por el Programa Incluir Salud. Los y las trabajadoras de ANDIS somos conscientes de la necesidad de controles en el manejo de los fondos y en la calidad de la prestación, pero son los funcionarios quienes eluden esta obligación de auditar, para luego rasgarse las vestiduras acusando de corrupción a todo el colectivo y a los prestadores.
LA DISCAPACIDAD A LA CANCHA
Dr. Spagnuolo, le aconsejamos que deje de destinar su valioso tiempo en hacer de panelista sudoroso, se capacite y trabaje en función de devolverles las funciones a los empleados del Estado Nacional y a trabajar con el fin de cumplir con los 30 compromisos asumidos ante los organismos internacionales (ver anexo). Que trabaje sobre un programa de auditoría en todo el territorio Nacional, que dé cuenta de la calidad de las prestaciones otorgadas a las personas con discapacidad y que amplíe la red de prestadores categorizados que cobran a destiempo, en un contexto de inflación agobiante.
