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El lamentable fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conoció hoy no hace más que echar luz lo que para muchos ya era evidente: la ostensible connivencia entre el poder judicial, la mayoría de los medios de comunicación y la derecha política que, ya sin esmerarse en distinción alguna entre “duros” y “blandos”, juega con la vida y la salud de millones de argentinas y argentinos con el único objetivo de debilitar al Gobierno Nacional.
Es difícil disimular la gravedad de lo que hizo la Corte: en medio de la peor catástrofe sanitaria del último siglo, condiciona severamente la capacidad de la administración central del estado para tomar medidas sanitarias, en un claro avance sobre sus facultades. La actitud adoptada por el tribunal, en una reunión virtual, abre la puerta para que cualquier administración provincial cuestione y desconozca las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, un verdadero disparate.
Desde ATE Capital expresamos nuestro más enérgico repudio a lo dispuesto por la Corte, que además de patrocinar un descalabro institucional mayúsculo, deja a merced de la codicia marketinera de Horacio Rodríguez Larreta a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores públicos de la Ciudad, hartas y hartos ya de reclamar las medidas más elementales de cuidado para trabajar.
Una enorme cantidad de esas trabajadoras y de esos trabajadores protagoniza desde hace casi tres semanas un paro histórico que, junto a las y los docentes de la ciudad, se propuso ni más ni menos que garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias tomadas por la nación, razonables para este momento de la pandemia y sobradamente fundadas, tanto por la comunidad científica como por la experiencia internacional. Ese paro sigue y seguirá, a pesar de los aprietes de Larreta y de la prepotencia de sus funcionarios y funcionarias.
La situación sanitaria es gravísima, los y las estatales lo sabemos de primera mano. Somos conscientes de que son tiempos que reclaman compromiso y también mesura y templanza. Pero también advertimos que no vamos a dudar con tomar las medidas que sean necesarias si la escalada de esta verdadera avanzada destituyente se intensifica. Deben saber la Corte y sus mandantes que hay un límite: el respeto a la voluntad popular que legítimamente eligió a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner para gobernar el país. Cualquier intento por desconocer ese mandato es inaceptable y nos encontrará actuando en consecuencia.
