18 febrero 2026
El proyecto se presenta como una actualización de la vieja Ley 22.278 e
incorpora en su redacción principios de la Convención sobre los Derechos del
Niño, especialización judicial y medidas socioeducativas. Sin embargo, detrás
de ese lenguaje formalmente garantista, se consolida una expansión concreta del
poder punitivo y coercitivo del Estado.
Reducir la edad de punibilidad de 16 a 14 años implica incorporar al
sistema penal a adolescentes cada vez más jóvenes, en su enorme mayoría
provenientes de sectores populares atravesados por trayectorias de exclusión,
pobreza estructural y ausencia estatal previa.
El proyecto habilita penas de hasta 15 años de prisión y prevé que, al
cumplir los 18 años, los jóvenes puedan ser trasladados a cárceles comunes.
Aunque se prohíbe la prisión perpetua, atravesar la adolescencia y la primera
juventud en encierro constituye un endurecimiento real del paradigma penal.
En lugar de preguntarse por qué el Estado no llegó antes con políticas
públicas integrales, la respuesta elegida es ampliar la capacidad de castigo.
La iniciativa menciona la resocialización y el acompañamiento integral,
pero no establece con claridad una ampliación presupuestaria estructural que
garantice equipos interdisciplinarios suficientes, infraestructura adecuada ni
dispositivos sólidos de egreso.
Sin inversión concreta en educación, salud mental, formación laboral y
acompañamiento territorial, la reinserción corre el riesgo de convertirse en
una fórmula declarativa sin sustento material.
En un país donde el 67% de los niños, niñas y adolescentes viven en
situación de pobreza, ampliar el régimen penal no puede ser leído como una
política de seguridad eficaz, sino como una forma de administrar la
desigualdad.
El debate que abre esta media sanción no es solo jurídico, es
profundamente político: ¿qué tipo de Estado queremos?
Uno que llegue primero con escuela, salud, trabajo y comunidad.
O uno que amplíe su capacidad de encierro
cuando todo lo anterior falló.
Bajar la edad de punibilidad no resuelve la exclusión. La
institucionaliza.
No fortalece derechos. Los restringe.
No construye comunidad. Consolida cárceles.
Desde el Área de Niñez de ATE Capital impulsamos propuestas concretas
para fortalecer un enfoque de protección integral y pensar alternativas reales
a la cárcel:
·
Legislar protocolos de intervención con adolescentes no punibles, evitando la
criminalización y la revictimización, promoviendo la responsabilidad y la
reparación del daño sin ingreso al circuito penal.
·
Regular plataformas de juego y billeteras virtuales, garantizando su uso
responsable y protegiendo la integridad física y mental de niños, niñas y
adolescentes frente a nuevas formas de captación y vulnerabilidad digital.
·
Jerarquizar a las y los trabajadores de la niñez, con reglamentación
propia, salarios acordes a la complejidad de la tarea y condiciones laborales
que cuiden la salud mental. No hay política pública sin trabajadores
reconocidos y fortalecidos.
·
Crear programas de protección y acompañamiento para adolescentes no
punibles en conflicto con la ley penal, con presupuesto real, recursos y equipos
capacitados. La privación de libertad es más costosa —económica y socialmente—
que las políticas de prevención y cuidado.
·
Implementar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio Adolescente, eliminando estigmas
en torno a la salud mental y capacitando a trabajadores de salud, niñez y
educación en prevención y primeros auxilios psicológicos.
El problema no es la falta de castigo, sino la ausencia de políticas públicas integrales y sostenidas. Necesitamos un Estado que construya comunidad y oportunidades, no más cárceles. La seguridad se construye con justicia social, sin trabajo y sin derechos no hay futuro.
