07 abril 2022
La iniciativa, que busca crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” y lleva la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todxs, coincide con el planteo de los sindicatos acerca de quiénes deben soportar el costo de la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional: “Que paguen los cien agentes que sabemos que fugaron 24.679 millones de dólares. Que los organismos de control fijen la mirada e investiguen a quienes tienen activos no declarados en el exterior y que paguen los que tienen que pagar”.
"Muchos de los que estuvimos debatiendo y firmamos el documento el 30 de marzo queremos saber quienes van a pagar esa deuda, y la pregunta que se nos abre es de dónde van a salir los fondos y qué políticas se van a implementar para pagar ésta deuda. Pero lo que también decimos es que si hay que pagar la deuda que empecemos por hacerlo con los fondos no declarados en la Argentina, porque siempre los que pagamos cuando hay un acuerdo con el FMI, y eso nos dice la experiencia histórica, somos los laburantes, los comerciantes, los jubilados y no los que la fugaron", explicó Agustina Panissa quien estuvo presente por ATE Capital en su carácter de Secretaria Adjunta.
Entre los puntos de la ley se destaca que el Fondo tendrá por objetivo la cancelación de la deuda contraída con el FMI y será constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y la vigencia del mismo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo Nacional. Será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, del Honorable Congreso de la Nación, la cual también podrá informar y pedir informes al FMI.
Al mismo tiempo la ley establece la figura del colaborador cuyo objetivo será el de cooperar con la Administración Federal de Ingresos Públicos para "la detección o localización de bienes ocultos o no declarados, maniobras de evasión fiscal y/o de lavado de activos".
