29 enero 2025
El informe detalla que entre marzo y septiembre de 2024, hubo 146 despidos y 68 reincorporaciones. Además, se suman 256 desvinculaciones, incluyendo despidos y aceptaciones del plan de retiros forzosos. Es preocupante que quienes no adhirieron al plan de retiros fueran despedidos.
La reducción del personal en todas las áreas es significativa, oscilando entre el 30% y el 61%. La política de desguace ha afectado a personas con hasta 30 años de antigüedad y diversas experiencias, como administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos, educadores, conservadores y comunicadores. Ninguno de ellos fue reemplazado, lo que ha generado una carga adicional para los trabajadores restantes.
Entre los diputados presentes estuvieron Brenda Vargas; Natalia Zaracho, Hugo Yasky; Paula Penacca; Juan Marino; Daniel Gollán; Germán Martínez; Mónica Macha y Lorena Pokoik; Mario Roberto Manrique y Eduardo Valdez.
“Es inaceptable que estas acciones se hayan llevado a cabo en un contexto de incremento de la presencia policial en el edificio central de la Secretaría de Derechos Humanos, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), un lugar simbólico de la lucha por los derechos humanos en Argentina”, explica el informe.
El informe de ATE Justicia es un llamado a
la acción para defender los derechos humanos y la justicia en Argentina. Es
fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar esta situación y
garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y la ciudadanía en
general.
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