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“No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se deterioran nuestras políticas públicas ante las amenazas de bomba” , expresó el el dirigente, que compartió la conferencia de esta mañana con Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), Laura Conte (Centro de Estudios Sociales y Legales-CELS), y Amy Rice Cabrera (H.I.J.O.S - Directorio de organismos de derechos humanos del Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos).
“No podemos guardar silencio frente a esta situación. Venimos de 12 años en los que el Estado pudo fortalecer la lucha de nuestras compañeras y compañeros y no podemos abandonarlo: nuestro deber es hacer pública esta situación, incluirnos en la causa y evaluar las mejores condiciones para no dar lugar a que aquellos que atentan contra nuestra institucionalidad sigan avanzando”, sostuvo Catalano en el Auditorio Mabel Gutiérrez del emblemático edificio de cuatro columnas de la ex ESMA.
La conferencia fue convocada por el sindicato y organismos de derechos humanos frente a las más de 50 amenazas de bomba recibidas desde junio de 2015 en el ex centro clandestino de detención, y contó con la participación de Ivan Wrobel (Responsable de Derechos Humanos de ATE Capital), Romina Chiesa (Delegada Pro-Organización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y Diego de los Santos (Delegado General de la Junta Interna del Ente Público).
Taty Almeida, por su parte, manifestó su preocupación por la interrupción de las actividades que genera la evacuación por las amenazas y pidió celeridad en la causa judicial para poder dar con los responsables: “Sabemos que el fiscal está haciendo todo lo posible, pero queremos que se intensifique la investigación”. Además, denunció que “este gobierno está tratando de barrer como un tsunami los avances logrados hasta la fecha en derechos humanos” y llamó a “estar alertas no solamente por las amenazas de bomba, sino también por todas las vulneraciones a los derechos humanos, como el derecho al trabajo”, en alusión a los cientos de miles de despidos registrados en el país desde la asunción de Mauricio Macri.
Ante un auditorio colmado de trabajadores, trabajadoras, periodistas y representantes de organismos de derechos humanos, Catalano explicó que “ATE se ha presentado como querellante en la causa porque queremos acompañar esta situación, porque tenemos responsabilidades acá adentro, porque nos preocupa que se esté dañando la política de Estado y porque queremos trabajar fuertemente para poder mantener activa la memoria de quienes hemos padecido el gobierno cívico-militar que nos secuestró, nos desapareció y robó a nuestros niños”.
En representación del directorio de organismos de derechos humanos que integra el órgano ejecutivo del predio, Amy Rice Cabrera manifestó su preocupación “frente a las declaraciones de que este espacio tiene que ser custodiado por la policía o por agencias de seguridad privadas”. La integrante de la agrupación H.I.J.O.S advirtió que "el conflicto por las amenazas de bomba no puede ser la excusa para empezar o querer imponer una identidad represivo en lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio y que hoy es un espacio para la memoria y la construcción colectiva". Además, cuestionó el ámbito en el que el gobierno expresa sus propuestas de gestión relativas al Espacio Memoria y Derechos Humanos: “Se tienen que discutir donde corresponde, en el directorio de organismos de derechos humanos y en el órgano ejecutivo que gestiona el predio desde 2004”. En cuanto al protocolo de evacuación, Rice anunció que desde el directorio de organismos de derechos humanos que integra el Ente Público que gestiona la ex ESMA impulsarán la realización de una reunión con especialistas en seguridad e higiene de ATE “para que puedan tener acceso al protocolo y hacer sugerencias para mejorarlo”.
