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La Legislatura porteña se reunió para tratar cuatro proyectos de leyes referidos a la transferencia de funciones de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajadores estatales rechazaron categóricamente el traspaso. "Significaría desarticular y poner la Justicia en función de las empresas de la Ciudad", advirtió Juan Manuel Sueiro, Secretario General Adjunto de ATE Capital.
Los proyectos que se trataron tienen despacho de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales y se refieren a la transferencia progresiva de la Justicia Ordinaria Penal, el fuero sobre relaciones del consumo (Derechos del Consumidor), la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).
Al respecto Juan Manuel Sueiro manifestó: “Estamos en contra porque es desarticular y poner la justicia en función de las empresas de la Ciudad de Buenos Aires y es una discusión política; es decir, la Justicia quedaría bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad y eso sería darle un poder a Rodríguez Larreta increíble para que siga con sus negocios”.
También en la sesión se trató el convenio por el cual el Estado Nacional transfiere y la Ciudad asume la competencia penal no federal relativa a los delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública, la fe pública, y leyes complementarias.
“Nosotros vamos a defender la postura de que el traspaso es ilegal y vamos a exigir el cumplimiento de todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, finalizó el dirigente.
