Asistimos en los últimos años a la nacionalización del ataque sistemático del Poder Económico a los Derechos Humanos y Sociales en todas las formas que conozcamos.

La confusión del Poder Económico con el Poder Ejecutivo formal, no hizo más que otorgarle diferente tono y nuevas herramientas a la constante presión por resistir y, por que no, hacer retroceder los avances en materia de Derechos Humanos y Sociales de los últimos años.

Ya desde su pertenencia al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, el actual Sr. Presidente dispuso un andamiaje complejo para someter a la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria, aquella que decidía sobre la legalidad de sus actos de Gobierno.

Su instrumento, el por entonces Ministro de Justicia Guillermo Montenegro, promovía real o mediáticamente juicio político a los/as jueces/as que se animaban a defender el rol activo del Poder Judicial en la defensa de la Constitución y los derechos allí consagrados, como por ejemplo a los/as Doctores/as Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Guillermo Scheibler y Roberto Gallardo.

Luego, controló el Consejo de la Magistratura y duplicó el número de jueces y juzgados, terminando de materializar el control sobre el Poder Judicial local.

La misma estrategia de control judicial se está dando María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, promoviendo el juicio político al Juez Luis Arias y Cesar Melazo, quien renunció recientemente por las presiones sufridas por las corporaciones mediáticas.

Pero la estrategia de control del Poder Judicial de la Nación no acaba con la designación por Decreto de dos jueces de la CSJN, sino que se inscribe en un ataque a diferentes poderes de la Nación, incluido el Ministerio Público Fiscal representada por la Procuradora Gils Garbó y a la Dra. Gabriela Boquín, fiscal de la Cámara Comercial.

Hoy el Fuero Nacional del Trabajo, sufre del mismo accionar ilícito del PEN, promoviendo juicio político contra los Dres. Enrique Arias Gibert y Gabriela Marino, por el simple hecho de hacer cumplir la Constitución Nacional y defender el avance de los Derechos Humanos Laborales.

Mientras infatigablemente pretende traspasarlo a la Ciudad de Buenos Aires para someterlo y controlarlo, combate a los jueces que se animan a ponerle un freno a sus ambiciones monárquicas.

El ataque al Poder Judicial, en cada uno de sus fueros, así como al Ministerio Público Fiscal, se inscribe en la conocida transferencia de riquezas hacia los sectores concentrados en desmedro del pueblo argentino.

Desde el Consejo Directivo de Capital Federal de la Asociación Trabajadores el Estado, expresamos nuestro más enérgico apoyo y abrazamos a quienes desde su rol institucional, consagran una lucha por la defensa de los derechos humanos fundamentales del pueblo argentino.