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Bajo la consigna “en contra del tarifazo y a favor de nuestro salario”, miles de delegados, militantes y organizaciones sociales nucleadas en las dos CTA y la CGT, se manifestaron para frenar el tarifazo. A pesar del fuerte operativo de seguridad en la que la Policía Federal dispuso e intentaba frenar la movilización, la cantidad de militantes abrió paso y continuó hacia la Usina.
Más allá de los distintos fallos judiciales, ha sido la movilización popular la que ha logrado que hasta el momento no se hayan aplicado los aumentos que los ministros y empresarios del PRO, como el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, pretendían.
Significativos ruidazos, cortes y movilizaciones que se fueron sucediendo en las principales ciudades del país, obligaron al poder judicial a intervenir y al gobierno a poner un freno a las políticas implementadas por el macrismo.
La audiencia que tiene carácter “no vinculante” fue convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara el pasado 18 de agosto el incremento a las tarifas de gas solo para usuarios residenciales que había aplicado el Poder Ejecutivo. El fallo no se expidió sobre empresas recuperadas, pymes, organizaciones sociales, centros culturales, clubes de barrio y cooperativas.
En conclusión, asentaron ciertos límites a los aumentos de tarifas para los residenciales. De los incrementos iniciales, bajaron a un tope del 400% que con la nueva propuesta que trascendió en diversos medios de comunicación intentarán aumentarla a un promedio del 203%.
Al respecto el Secretario General Adjunto de ATE Capital, Manolo Sueiro, manifestó que “ayer, lo que constatamos es que dieron de bajas a las inscripciones para participar en la audiencia a todas las economías familiares y populares o autogestionadas y ésto demuestra que fue un fallo político que simplemente vino a dar respuesta a la movilización popular”.
“Por lo tanto, las organizaciones nucleadas en la multisectorial el lunes evaluaremos los pasos a seguir -y agregó- éste tarifazo para los estales es una pérdida de salario directo y el poder adquisitivo”, concluyó el dirigente.
Tanto el equipo de Aranguren como organizaciones sociales deberán afrontar dos días más de audiencia en una puja que participaran más de 375 inscriptos que expondrán su posición.
