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Las comunidades indígenas, representando a la totalidad del país, rodearon el Congreso de la Nación acompañadas por todas las organizaciones sociales presentes para exigir la prórroga de la Ley 26.160 que declara "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades". Dicha Ley suspende los desalojos a los pueblos y comunidades indígenas, a la vez que ordena su relevamiento para el posterior reconocimiento de sus territorios.
La Ley, promulgada en 2006, vence el 23 de noviembre de este año y su prórroga es inexorable porque no se han completado los relevamientos territoriales como indica la normativa y es responsabilidad principal del propio Estado cumplir con ella y con la Constitución Nacional. “La prórroga no es la solución, pero si con la Ley están desalojando a las comunidades indígenas del sur, que están reprimiendo a los hermanos entrando a sus casas e incluso hay un hermano solidario desaparecido, Santiago Maldonado, no podemos quedarnos en silencio ante el atropello del Gobierno Nacional neoliberal”, se escuchaba desde el escenario mientras cientos de personas se agolpaban en las Av. Entre Ríos y Rivadavia.
Diego Leles, secretario de Acción Política de la junta interna de ATE-INAI, destacó que “queremos que se prorrogue la ley, que haya una ley de propiedad comunitaria, que este en vigencia nuevamente la ley 26.737 que es la ley que le pone un freno a la compra de tierras por manos extranjeras y de personas jurídicas extranjeras, para que pueda volver el territorio a los pueblos originarios”.
La negativa a prorrogarla pone en serio riesgo a cientos de
familias, alienta a la violencia en los territorios por parte de las bandas
armadas y a la represión de las fuerzas de seguridad, mientras que beneficia a
los grandes terratenientes nacionales y extranjeros que especulan con los
recursos naturales. “Nos están demonizando porque hay una campaña de
desprestigio en contra de nuestro pueblo, porque la lucha de nuestro pueblo es
fuerte, es muy sólida porque tiene el acompañamiento de los sectores sociales”,
explica Gilberto Huilipán, autoridad política de la Confederación Mapuche de
Neuquén. Seguidamente, denunció que “el gobierno necesita limpiar los
territorios para que aterricen las petroleras, las multinacionales y puedan
destrozar nuestro territorio y los recursos que se encuentran abajo”.
