06 agosto 2020
Ante la falta de respuestas del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el año pasado los tres sindicatos que representan a trabajadoras y trabajadores estatales, de la educación y del SUBTE, presentaron un amparo para reclamar la inmediata actualización de las Asignaciones, cuya movilidad está normada pero es desconocida sistemáticamente por el Ejecutivo porteño. El estancamiento de las Asignaciones Familiares representa una omisión inconstitucional que vulnera deliberadamente los derechos de las y los trabajadores.
La audiencia, que había sido postergada por la cuarentena, se realizó el martes por la mañana en forma virtual con la participación de la secretaria General de UTE, Angélica Graciano, los secretarios Generales de ATE y AGTSyP, Daniel Catalano y Roberto Pianelli y el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor.
"El objeto de nuestra presentación es que vuestra Señoría, conforme el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 2145, ordene cesar la omisión inconstitucional por parte del Ejecutivo en tanto su inacción en aumentar las Asignaciones Familiares conforme lo dispone la norma en atención al principio de equidad, progresividad y justicia social", afirmó la abogada Eliana Bagnera al momento de exponer los argumentos jurídicos ante el juez López Alfonsín.
“Cuando el Gobierno de la Ciudad decidió congelarlo, el Salario Familiar representaba el 9 por ciento del sueldo docente, hoy esos 270 pesos, una cifra irrisoria que no alcanza para comprar un kilo de yerba. El congelamiento es una manera encubierta de suprimir un derecho constitucional”, sostuvo la titular de UTE, Angélica Graciano.
Mientras la inflación acumulada entre 2012 y 2020 fue del 1800 por ciento y el Presupuesto de la Ciudad creció en 1581 puntos, las Asignaciones Familiares se mantuvieron congeladas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, Larreta vulnera los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores estatales, en su mayoría son mujeres, que hoy viven en un contexto de emergencia y pandemia, con salarios por debajo de la línea de pobreza.
Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad, formó parte de la Audiencia y apoyó el reclamo de ATE Capital, UTE y AGTSyP. “La Defensoría del Pueblo afirma claramente que constituye un elemento discriminatorio que vulnera los derechos de las y los trabajadores cuando políticas del Estado que van en protección de quienes se desempeñan en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tienen asignaciones que no son corregidas con movilidad y que la inflación año a año va deteriorando”, indicó.
El secretario General de ATE Capital Daniel Catalano destacó que las y los trabajadores estatales que hoy se encuentran en la primera línea de batalla haciendo frente a la pandemia, en muchos casos cobran salarios de miseria y sufren contrataciones fraudulentas. “Venimos mendigando una respuesta por todos lados, pero todos los caminos de diálogo que dice que tiene el Gobierno para nosotros no existen”.
Es importante destacar que a nivel nacional las asignaciones tuvieron una recomposición que las llevó a 2.250 pesos mensuales por hijo. Mientras tras, docentes y estatales de la Ciudad más rica del país continúan percibiendo 270 pesos por hijo/a, es decir, apenas el 12 por ciento de lo que se cobra a nivel nacional.
