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En la misma participaron más de 300 personas, especialistas del sector energético y distintos miembros de organizaciones afectadas por los fuertes incrementos, que colmaron de 10 a 17 hs. el Aula 7 de la Facultad de Sociales de la U.B.A.
La iniciativa llevada adelante por sindicatos, cooperativas, asociaciones de consumidores, pymes, empresas recuperadas, teatros independientes, además de lograr una excelente convocatoria, se alcanzó desarrollar un muy buen análisis del carácter ilegal del Tarifazo, en tanto no se ha respetado el derecho de acceso a la información, caracterizándola como una política de transferencia y concentración de ingresos sin fundamento económico y sin vinculación a un desarrollo productivo nacional estratégico.
El Juez Luis Federico Arias fue invitado como experto para exponer en la audiencia pública. A lo largo de su ponencia expresó su mirada jurídica sobre el tarifazo, la compleja coyuntura actual y las trabas que empresas energéticas y medios de comunicación ponen para que los ciudadanos no puedan acceder a la información sobre los actos del gobierno con respecto de la suba de tarifas públicas. El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata cuyo fallo frenó la aplicación del tarifazo en los servicios públicos sostuvo que "las tarifas subsidiadas son parte de políticas para preservar el derecho al trabajo”.
Asimismo, los compañeros y compañeras de ATE del Ministerio de Energía pusieron de relieve en su intervención el carácter economicista en la gestión de los funcionarios actuales, así como la mentira organizada en torno a la denominada "tarifa social".
