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Cerrar el Estado no es la solución

Cerrar el Estado no es la solución
#Actualidad #Gremiales

El gobierno nacional oficializó la prohibición de nuevas contrataciones en el Estado hasta diciembre de 2023, una medida que pretende formar parte de los “gestos” para intentar contener la crisis económica y política de las últimas semanas.

La decisión admite, inevitablemente, una pregunta: ¿cuándo, en la larga historia de crisis económicas de nuestro país, el ajuste sobre el Estado sirvió para mejorar la situación? La respuesta no sorprenderá, nunca. 


Observamos con preocupación no sólo la medida sino el trasfondo en el que se justifica: los trabajadores y las trabajadoras del Estado seríamos, según la decisión impulsada por la nueva Ministra de Economía, parte del problema y no de la solución. Esa es una letanía que ya conocemos y que ha precedido, desde siempre, ajustes que lejos de resolver la crisis, la agravan. Y no vamos a permitir que una vez más se instale ese clima de desprecio sobre nuestro trabajo, mucho menos impulsado por un gobierno con el que, a pesar de las críticas, nos identificamos. 


La gravísima situación por la que atraviesa nuestro país tiene, seguramente, muchas causas. La enorme deuda externa que dejó el macrismo, la caída que sufrieron los ingresos populares durante su gestión y, claro, la pandemia y la crisis internacional producto de la guerra en Europa que agravaron el ya frágil estado de la finanzas públicas. Pero también en esa lista es necesario agregar la ya preocupante pasividad del gobierno nacional para enfrentar a los sectores concentrados de la economía argentina, diestros en generar las crisis y, al mismo tiempo, ofrecerse como solución. 


Ahora parece que el camino es complacencia y beneficios para los exportadores, los formadores de precios, los especuladores y los turistas extranjeros y látigo para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué puede salir mal?


Por obvio que parezca a esta altura, es necesario aclararlo: los trabajadores y trabajadoras del Estado, precarizados y precarizadas, con sueldos miserables, muchas veces, por debajo de la línea de pobreza, comprometidos y comprometidas, sin embargo, con la tarea de garantizar derechos incluso en los peores momentos, como durante la pandemia, no somos un gasto. Quien sostenga lo contrario no está “dando el debate” entre compañeros y compañeras, está simplemente siendo cómplice del enemigo. Nosotros y nosotras lo tenemos claro. Esperamos que el gobierno también.

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