01 abril 2026
Tras una reunión con las nuevas autoridades de la CONAE, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores decidió suspender las medidas de fuerza. El acuerdo incluye la renovación de los contratos hasta el 31 de diciembre de 2026, un esquema híbrido de modalidad de trabajo y una suma no remunerativa para mitigar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo del personal de la Administración Pública Nacional (APN).
Sin embargo, esta tregua técnica no implica conformidad. Los trabajadores se mantienen en estado de alerta permanente, exigiendo avances concretos en los puntos centrales: recomposición salarial urgente, pase a planta permanente de los contratados, financiamiento plurianual para el Plan Espacial Nacional, reapertura del Proyecto Tronador, continuidad de los proyectos satelitales y renovación de la infraestructura, especialmente del segmento de estaciones terrenas.
La radiografía del ajuste
Los números reflejan un recorte profundo. El presupuesto asignado a la CONAE para 2026 es de 42.014 millones de pesos, frente a los 51.778 millones de 2025 (un recorte nominal significativo que, en términos reales y considerando la inflación, representa una caída de alrededor del 20% o más, según denuncias sindicales). Esto se suma a la degradación ya sufrida en años anteriores y a la necesidad de refuerzos extraordinarios en 2025 que llegaron a unos 70.000 millones.
En los últimos dos años, el organismo perdió cerca del 20% de su dotación de personal, lo que genera una “hemorragia de conocimiento” difícil de revertir. Los salarios del sector acumulan una pérdida de poder adquisitivo superior al 30%, lo que acelera la fuga de cerebros hacia el sector privado o al exterior.
Proyectos estratégicos enfrentan serias dificultades: el cierre o paralización del Proyecto Tronador (el lanzador soberano argentino), incertidumbre en la firma de contratos para el lanzamiento del satélite SABIA-Mar (previsto originalmente para el primer semestre de 2026), deterioro de la infraestructura de estaciones terrenas y riesgo de dependencia tecnológica absoluta.
Críticas a la conducción y al modelo
Los trabajadores cuestionan la coexistencia entre el debilitamiento de la CONAE y la actividad de VENG (empresa vinculada al organismo). Mientras la institución pública sufre recortes, paralización de proyectos y pérdida de personal calificado, desde VENG se despliega una agenda internacional y comercial.
Se señalan como responsables políticos a Laureano Quiroga (Gerente General de VENG), Alberto Haure (Gerente de Administración y Finanzas) y Axel Tabares Méndez (Secretario General). Además, el actual presidente del Directorio de la CONAE, Manuel Adorni, enfrenta cuestionamientos públicos por viajes y uso de recursos bajo investigación.
Según la visión de los trabajadores, este esquema no representa modernización ni eficiencia, sino una decisión política de vaciar la capacidad estatal en el sector espacial para reemplazarla por lógica de negocios, tercerizaciones y mayor dependencia externa.
Ciencia versus extractivismo
El conflicto en la CONAE no es aislado. Forma parte de un ajuste que afecta a otros organismos de Ciencia y Tecnología como CNEA, INTA, INTI y el SMN, además de las universidades nacionales. Los trabajadores advierten que el modelo promueve un país reducido a enclave extractivista (minería, agro sin valor agregado e intermediación financiera), con inversión en CyT entre las más bajas de la región.
“El conocimiento es la única herramienta capaz de quebrar la lógica extractivista”, sostienen. Sin soberanía espacial, argumentan, no hay futuro industrial ni posibilidad de generar empleo de calidad con distribución equitativa de la riqueza.
La Asamblea exige:
1. Recomposición
salarial urgente y pase a planta permanente del personal contratado.
2. Financiamiento
plurianual que garantice la continuidad del Plan Espacial Nacional.
3. Reapertura
del Proyecto Tronador y continuidad de los proyectos satelitales.
4. *Renovación de la infraestructura tecnológica* general y del Segmento de Estaciones.
Los trabajadores de la CONAE advierten que sin un giro en la política presupuestaria y de recursos humanos, Argentina corre el riesgo de perder capacidades estratégicas construidas durante décadas, condenándose a una mayor dependencia tecnológica y al estancamiento industrial.
La disputa
trasciende lo presupuestario: se trata de una definición sobre el
modelo de nación.
