14 marzo 2019
Cuando quieren cambiar la ley de contrato de
trabajo, en el caso de la ley previsional, el gobierno quiere convencernos de
la necesidad de “igualar para abajo”. Desde nuestro sindicato, la Asociación
Trabajadores del Estado, repudiamos y desmentimos en un todo sus expresiones.
En un comunicado de prensa, la Junta Interna de
ATE ANSES le respondió a Basalvibaso que se tituló: “Desigualdad de géneros y
cinismo sin igual”. En primer lugar, es falaz sostener que las mujeres “optan”
por continuar trabajando. Solo 7 de cada 100 mujeres que alcanzan los sesenta
años, edad legal de jubilación, cuentan con los treinta años de aportes
registrados que exige la ley.
Por lo tanto, las mujeres se ven obligadas a
continuar trabajando o postergadas hasta los 65 años. Cuando se refiere a que “la edad promedio a
la que se jubilan las mujeres está entre los 63 y 64 años”, tergiversa y omite
datos.
El informe oficial “Prospectiva del Sistema
Integrado Previsional Argentino”, demuestra que tan solo el 20% de las mujeres
con 63 años alcanzan los 30 años de aportes, mientras que las que reúnen entre
10 y 29 años a esa edad son el 10%. Por esto mismo, desde ATE Capital y la
Junta Interna nos preguntamos: ¿Cómo hacen esas mujeres para reconocer el
“esfuerzo contributivo” -como los adalides de la meritocracia gustan en
llamar-si no intentando permanecer en el mercado de trabajo? Por lo tanto, el
70% de las mujeres en edad de jubilarse por el sistema nacional, unas 130 mil
mujeres al año, están condenadas a recibir la Pensión Universal al Adulto Mayor
a los 65 años, más conocida como PUAM, que equivale al 80% de la jubilación
mínima, no deriva derecho a pensión al conviviente ni a hijas e hijos menores
de edad y es incompatible con la percepción de la pensión por viudez.
El aumento de la edad jubilatoria de las
mujeres ya se da de hecho
“Me gustaría que [mujeres y hombres], tengan
iguales derechos y obligaciones en todos los ámbitos”, esgrimió el funcionario.
“Nosotras y nosotres le decimos que la lucha feminista fue reivindicada entre
2005 y 2015, cuando más de tres millones de mujeres pudieron acceder al mismo
derecho que los hombres mediante las moratorias previsionales. “Mientras que
desde 2016, lo único que hace su gobierno es castigar sistemáticamente al
colectivo de adultas mayores”, sostienen los trabajadores y trabajadoras del
Sistema Previsional”.
Hay que reconocer que es acertado cuando dicen
que “no tienen una reforma planteada”. Porque una reforma supone justamente una
propuesta de mejora o de innovación y lo que en realidad tienen proyectado es
un brutal ajuste y retroceso. Su gobierno quiere la destrucción del sistema
previsional público, solidario, de reparto asistido, sustentado por el fondo de
garantía tal como fue verdaderamente reformado por la Ley 26.425 en 2008. “Nosotras
y nosotros no le tememos a la discusión de reformas en el sistema previsional,
de hecho aquella que permitió la reestatización haya sido una reforma
estructural y profunda en línea con un reclamo histórico de nuestra Central de
Trabajadores”, afirman.
“No es lo mismo si uno aportó que si no aportó”,
dice suelto de cuerpo el funcionario. Hay que explicarle que las brechas de
género en el mercado de trabajo se explican porque son aún las
mujeres las que realizan las tareas no remuneradas de la reproducción por
el rol asignado en la división sexual del trabajo lo cual, su vez, es la
mismísima causa de ser eyectadas del mercado laboral. Son las mujeres
trabajadoras de todos los trabajos (el no remunerado de las tareas esenciales
para el sostenimiento del mundo y el remunerado), las que cargan con mayor
informalidad y evasión patronal y/o de más baja salario.
No es una
cuestión de elección
“Son las relaciones de desigualdad estructural
entre los géneros y estas discriminaciones debieran ser subsanadas por el sistema
de protección social de nuestro país, a través del reconocimiento de estos
trabajos, la formalización del empleo y la lucha contra la evasión, todas
tareas que deben volver a estar a cargo de un Estado presente. Pero para ser
más específicos, en lo que hace a la previsión social, flexibilizar las
exigencias en la demostración de los años trabajados (moratoria), así como reconocer
como trabajados los períodos de maternidad y bonificar las tasas de
sustitución, serían medidas muy concretas que puede tomar el gobierno si
quisiera achicar las brechas de género de las personas mayores. No se trata de
lo que a Basavilbaso “le gustaría”, sino a las acciones concretas que lleva
adelante su gobierno como políticas de Estado.
La constante alusión a que el sistema previsional
es deficitario “en la parte de los que se jubilaron sin aportes” es una falacia
absoluta. “Todas, todos y todes
aportamos a la seguridad social, cuando consumimos y pagamos el impuesto al
valor agregado, cuando trabajamos sea en un empleo formal, quienes lo hacen en
forma autónoma, aquellos a quienes su patrón no declara a la seguridad social y
la gran mayoría de mujeres que realizan tareas no remuneradas de cuidado y
reproducción de las familias”, sostiene la Junta Interna. Todas las variables
que preservan el equilibrio financiero del sistema previsional fueron
deterioradas por el gobierno de Cambiemos en línea con los mandatos del FMI.
Mientras que para Emilio Basavilbaso “el sistema
administra precios y cantidades”, para las trabajadoras y trabajadores, para el
movimiento obrero organizado, en definitiva, para el Pueblo, el sistema de
seguridad social administra derechos de las personas que a lo largo de su vida
contribuyeron al país con su esfuerzo.
Por último, los trabajadores y trabajadoras nucleadas
en ATE Capital reclaman a Basavilbaso que se “retracte, aprenda de qué se trata
la lucha del movimiento feminista, conozca cuáles son las brechas de género y
rectifique el rumbo al que está conduciendo a la Seguridad Social en todo el
país. La política de su gobierno, que él ejecuta todos los días, condena a
cientos de miles de mujeres travestis, trans , lesbianas, no binaries, a la más
absoluta pobreza en la vejez”.
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