06 febrero 2024
Comunicado de prensa del Área de Pueblos Originarios
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es el organismo a cargo de dar tratamiento a las denuncias de las audiencias de radio, TV y otros servicios regulados, formula recomendaciones públicas a los titulares o profesionales de medios y brinda capacitaciones a la población indígena para el fortalecimiento de sus emisoras, entre otras atribuciones.
Se trata de un organismo creado al calor de una de las Leyes más democráticas en la historia de nuestro país -la Ley de Servicios de comunicación Audiovisual (26.522) que obtuvo el reconocimiento internacional por las Relatorías para la Libertad de Expresión de la OEA y la ONU.
Respecto del FOMECA, se trata de una política que lleva más de 10 años de fomento a medios populares, comunitarios y de Pueblos Originarios. Gracias a su implementación, 86 organizaciones de pueblos originarios de 18 provincias han llevado adelante más de 355 proyectos de comunicación entre los años 2013 y 2023. Se trata de una iniciativa recomendada por UNESCO como ejemplo de buena práctica en política pública dirigida a sectores comunitarios.
La incorporación de los artículos 307 a 309, que supone la derogación de los artículos 19 y 20 de la Ley N° 26.522 se produjo de forma imprevista, inconsulta y por fuera del temario dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para sesiones extraordinarias. Cabe agregar que la Ley N° 26.522 no se encuentra habilitada para ser modificada en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, ya que no fue incluida por el P.E.N. oportunamente en el Decreto N° 76/2023.
Por todos estos motivos, de aprobarse el proyecto de Ley Ómnibus se adoptaría una medida regresiva en materia de libertad de expresión y acceso a la información, que afectará gravemente el derecho a la comunicación de las audiencias de radio y televisión, así como al sector comunitario, campesino, indígena y alternativo de la comunicación. A su vez, se verán afectados los derechos laborales de los/as trabajadores que sostienen desde hace una década las políticas de protección de derechos en el ámbito de la comunicación audiovisual.
Trabajadoras y trabajadores de: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) – Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) – Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual – Administración de Parques Nacionales – Ministerio de Trabajo de la Nación – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – Ministerio de Ambiente de la Nación –Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación – Ministerio de Cultura de la Nación – Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
