15 enero 2025
Estas resoluciones son producto de una denuncia penal presentada por la legisladora porteña, Victoria Montenegro, contra Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona por haber adoptado medidas que afectan de manera directa el funcionamiento y la preservación de los Sitios de Memoria, a través del desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos que viene sufriendo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las que resultan contrarias a la Constitución Nacional, a la Ley 26.691 (Ley de Preservación, Señalización y Difusión de los Sitios de Memoria) y a las obligaciones internacionales en materia de investigación, sanción, reparación adecuada y adopción de medidas para la no repetición de crímenes de lesa humanidad.
Esta medida judicial se da en un contexto de vaciamiento y despidos masivos de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y un grave retroceso en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, a las que el Estado está obligado a respetar y garantizar en virtud de tratados internacionales de protección de los Derechos Humanos.
En el día de hoy, se derrumbó la mampostería del ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “Orletti”, lo que demuestra la falta de mantenimiento y desinterés absoluto de este gobierno en las políticas públicas de derechos humanos.
Como sindicato, tomamos estas definiciones como un paso positivo en la protección de las políticas públicas de Derechos Humanos y de Memoria, Verdad y Justicia, y de los puestos de trabajo que hacen posible su ejecución.
