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Las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión y de asociación, y del derecho de reunión (todos ellos reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de DDHH).
La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la persecución criminal, es incompatible con un Estado de derecho en donde las personas tienen la potestad de manifestar su opinión y reclamar a las autoridades.
El actual presidente se jactó en varias entrevistas diciendo “Dentro de la ley todo, fuera de la Ley nada”. Con la resolución que aprobó este Protocolo, el que está FUERA DE LA LEY es el Gobierno Nacional.
