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En plena segunda ola y con un crecimiento exponencial de contagios en todo el país, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta insiste en minimizar la emergencia sanitaria y desconocer las medidas dispuestas para proteger a la población, usando como caballito electoral la presencialidad de las clases. Mientras tanto, la Ciudad atraviesa un escenario crítico, con un sistema de salud público y privado colapsados, y un plan de vacunación deficiente, que al día de hoy ha inmunizado a un porcentaje menor del personal docente. En lo que concierne al personal estratégico esencial, como son les trabajadores de Niñez de la Ciudad, la vacunación es nula.
Pensar este presente desde una perspectiva de los derechos de niñes y adolescentes implica asumir como prioridad la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos, y comprender dos cuestiones básicas:
1. No se puede pensar el derecho a la educación de manera aislada a sus demás derechos.
El gobierno porteño pareciera haber olvidado que les pibes tienen derecho también a la dignidad, a la integridad personal, a la responsabilidad familiar, a la salud, a la seguridad social, entre otros y, por sobre todas las cosas, a la vida.
2. “Derecho a la educación” no es sinónimo de “presencialidad”.
El Estado de la CABA debe implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de niñes y adolescentes SIEMPRE, en el formato que la evolución de la situación epidemiológica requiera (presencial, virtual, etc). Larreta y Soledad Acuña deben garantizar conectividad, políticas de alfabetización digital, y el acceso a todos los insumos necesarios para sostener procesos pedagógicos cuidados.
El discurso de la alianza “Juntos por el Cambio” no se condice en absoluto con su historial en la gestión de estas políticas. Desde ATE CAPITAL, hace más de 10 años venimos denunciando la Niñez en Emergencia. En los últimos 10 años la inversión en educación se ha reducido a la mitad, redireccionando recursos a propaganda en lugar de invertir en la construcción de escuelas, desarticulando programas de acompañamiento y socioeducativos, congelando becas, vaciando de presupuesto las políticas de fortalecimiento familiar, de inclusión y de protección de derechos, con un vaciamiento y corrimiento de su rol del Consejo de Derechos de Niñes y Adolescentes, y el consecuente incumplimiento de la Ley 114. A su vez, las asignaciones familiares permanecen congeladas hace 13 años. Les trabajadores perciben sólo 270 pesos por hije en edad escolar (el monto más bajo en el país).
Entendemos el rol de la Escuela, que trasciende ampliamente la enseñanza de contenidos curriculares, siendo también un espacio de socialización, contención y cuidado, con un gran compromiso por parte de les trabajadores que llevan adelante estas tareas. A la vez, resulta inevitable que el angustiante presente que estamos viviendo tenga un impacto en la subjetividad de las niñeces y adolescencias, ya que continuamos atravesando una pandemia que se cobró millones de vidas en todo el mundo e implicó adoptar otros hábitos en nuestras interacciones cotidianas para poder cuidarnos mutuamente.
Luego de una jornada entera de lucha, en articulación y unidad con trabajadores de diversos sectores, exigimos el cumplimiento del DNU que exime de clases presenciales, asegurar dispositivos y conectividad para estudiantes y docentes; dispensas para mapaternidades a cargo a de niñes en edad escolar y conviventes con personas de grupos de riesgo. Garantizar ayudas sociales y económicas para familias que lo necesiten, actualización urgente de las becas y de asignaciones familiares.
El GCBA tiene el deber de diseñar e implementar políticas integrales y transversales para amortiguar el impacto de la pandemia, garantizando el cuidado de niñes y adolescentes, acompañándoles, construyendo junto a ellas presentes dignos y libres de violencias.
