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El pasado 21 de agosto, junto a Organismos de Derechos Humanos, centrales sindicales, movimientos sociales y personalidades destacadas en la materia, hemos solicitado a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi, un pedido de audiencia en su 191° periodo de sesiones ordinarias que se realizarán del 11 al 15 de noviembre de forma presencial en Washington.
En la audiencia, además, alertaremos sobre ¨la regresión de la debida diligencia en la búsqueda de justicia, en la medida en que se discontinúa el trabajo de diversos equipos cuyas funciones fueron soporte del proceso de justicia. Por los obstáculos específicos impuestos recientemente a la búsqueda de bebés apropiados en dictadura (negativa a brindar documentación, cierre de la UEI) identificamos también regresiones a nivel de las obligaciones específicas de búsqueda de personas¨.
En el escrito presentado ponemos énfasis en que ¨el Estado argentino está desmantelando las políticas de memoria, verdad y justicia. Lo hace por medio de múltiples intervenciones: desfinancia las áreas del gobierno encargadas de esta temática, despide a su personal, desmantela programas, modifica normativas para obstaculizar el acceso a archivos estratégicos para las investigaciones judiciales e históricas y, en suma, deshace logros de décadas. En los escasos ocho meses de gestión de este gobierno nacional, son numerosos los procesos interrumpidos y los retrocesos ya generados¨.
Inclusive el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación por las decisiones políticas en Argentina que deslegitiman los procesos de búsqueda de la verdad y favorecen la impunidad. Se han observado retrocesos significativos en políticas públicas relacionadas con el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad y la reparación a las víctimas. A pesar de los avances logrados desde la recuperación de la democracia, el Estado está desmantelando estructuras y programas que han sido fundamentales para la justicia y la memoria. Esto incluye el cierre de programas, despidos y la falta de financiamiento, lo que afecta gravemente a las víctimas y sus familias.
En el pedido de audiencia detallamos los antecedentes sobre el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina y el rol clave del Sistema Interamericano en sus diferentes etapas, las medidas regresivas en materia de políticas de memoria, verdad y justicia y sobre los discursos oficiales negacionistas, relativistas y reivindicatorios del terrorismo de Estado.
Consideramos que es un momento clave para propiciar una intervención de la Comisión, de modo de alertar al Sistema Interamericano de estos retrocesos y de los riesgos que implican para la Argentina y para la región.
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