11 febrero 2019
Ninguna discusión respecto de modificaciones del Régimen Penal Juvenil o su reemplazo por otro sistema debe darse desde una mirada punitivista. En cambio, necesitamos desarrollar un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil basado en los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y Derechos Humanos.
Entendemos que la baja de la edad de punibilidad se trata de una medida ineficaz para disminuir los niveles de inseguridad. No solo porque impacta sobre una porción muy menor de los delitos que se cometen (y particularmente de delitos contra las personas), sino también porque incorporará a lxs niñxs a un sistema penal que lejos de buscar su contención y reinserción en la sociedad, profundizará su situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, bajar la edad de punibilidad no va a desalentar las prácticas delictivas en ninguna medida.
Una medida así será inconstitucional porque viola el principio de progresividad de los Derechos Humanos. Además, es contraria a las observaciones hechas en 2018 por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU o las recomendaciones de UNICEF Argentina.
Este pretendido avance sobre los derechos de lxs niñxs no es un intento aislado: ocurre, no casualmente, en un contexto de incremento de la violencia institucional en todas sus formas, en particular sobre la niñez y adolescencia. Vale decir: gatillo fácil, verdugueo, persecución a lxs adolescentes, ingreso de la Policía a las escuelas, y también el recorte presupuestario de las políticas públicas de Niñez y Adolescencia. Tal como venimos denunciando, el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñxs y Adolescentes se encuentra en estado de emergencia.
Proponer medidas aisladas como esta solo busca generar o potenciar ciertas posiciones y opiniones en el debate público que estigmatizan a los sectores más vulnerables de la sociedad y avasallan los Derechos Humanos. Esto tiene el objetivo de generar ejes sobre los que estructurar campañas electorales, sin prestar ninguna atención a la situación real que sufren a diario nuestrxs niñxs y adolescentes, primeras víctimas de las políticas de ajuste y represión de este gobierno.
En la medida en que sigamos pensando las soluciones a los problemas de inseguridad en términos exclusivamente punitivistas, no llegaremos nunca a desarrollar soluciones integrales que puedan traducirse en una mejor calidad de vida para toda la sociedad. La solución no es bajar la edad de punibilidad. La verdadera solución a la inseguridad implica invertir en educación, invertir en políticas públicas que ayuden a que cada vez haya menos desocupación, que lxs pibxs vayan a la escuela a estudiar y no a comer, que ningún pibx tenga que salir a trabajar o se vea obligadx a terminar delinquiendo. Sabemos que la inseguridad viene de la mano de la vulneración de derechos básicos como el acceso a un trabajo digno o a que podamos llevar un plato de comida a la mesa, y por eso, insistimos, para terminar con la inseguridad necesitamos políticas públicas de calidad. El discurso punitivista solo tiene como objetivo aumentar los niveles de control y persecución en nuestra sociedad. No olvidemos nunca que el ajuste sólo cierra con más represión.
