06 febrero 2025
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“El cierre de la Secretaría también implica la eliminación de políticas públicas que garantizaban el acceso a la vivienda con financiamiento y recupero. Los Decretos 1018/2024 y 6/2025 eliminaron fondos esenciales, afectando programas clave como PROCREAR, FONAVI y Casa Propia”, explicaron desde la junta interna.
Como es costumbre, la policía estuvo presente intimidando a los manifestantes, con una actitud provocativa y desproporcionada. A pesar de la tensión, las y los trabajadores mantuvieron la calma y continuaron con su protesta pacífica.
Allí, Daniel Catalano, Secretario General de nuestro gremio, dijo: “Debemos decirles a todos los laburantes de las cooperativas, a esas 15.000 familias que están esperando que se den entrega de esas 15.000 viviendas…que no estamos dispuestos a esperar que no estamos dispuestos a quedarnos mansos mientras nos echan las patadas en el culo y que no estamos dispuestos a ver cómo se sigue deteriorando nuestra vida”. En tal sentido, convocó a la Marcha de la Resistencia de 24 horas que se realizará entre el 14 y 15 de febrero y desembocará en Plaza de mayo con un acampe.
El impacto del cierre es devastador: miles de familias sin acceso a agua, cloacas y electricidad, suspensión de la regularización dominial, cancelación de centros de salud y espacios comunitarios, fin de capacitaciones y apoyo a emprendedores, y municipios sin formación para mejorar la gestión urbana.
En este contexto, la delegada general de ATE Infraestructura, Hábitat y Vivienda, Alejandra Basso, informó que los 500 trabajadores fueron despedidos sin ningún tipo de indemnización. “La decisión del Gobierno trae aparejada la paralización de 124 mil viviendas en ejecución, muchas al 80%, 90% o 100% de su construcción, sumado al déficit habitacional que hay, se llevan puestas 124 mil viviendas que le costaron al Estado 3 mil millones de dólares”, continúo.
Desde ATE Capital, se exigió la inmediata revisión de estas medidas injustas y se llamó a la sociedad a movilizarse contra este ajuste que destruye empleos, paraliza la economía y vulnera derechos esenciales.
