21 octubre 2024
El XI Encuentro Nacional de Escritura en Cárceles (ENEC), se llevó a cabo el 18 de octubre del 2024 en Buenos Aires, organizado por el Departamento de Letras, el Programa de Extensión en Cárceles (PEC) y el Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en colaboración con la asociación civil Dar Margen. Este primer panel del encuentro, destacó un debate clave sobre la defensa de la educación pública y el proyecto de ley que propone reducir la edad de la punibilidad a los 13 años.
Defensa de la educación pública
Juan Pablo Parchuc, director del Programa de Extensión en Cárceles (PEC)
y uno de los organizadores del (ENEC), expresó en su intervención inicial:
"Estamos llevando a cabo este encuentro en un contexto muy particular,
marcado por ataques a la universidad y a la educación pública, en términos de
financiamiento, junto con otras 100 que ya van en todo el país”.
Parchuc
señaló que la situación actual refleja la lucha en defensa de la educación
universitaria pública y gratuita. En este contexto de resistencia, Ricardo
Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, subrayó la
relevancia de este encuentro anual y abordó los desafíos que enfrentan las
universidades en la actualidad, calificando el panorama como "muy
difícil".
Manetti
advirtió que “hoy un alto porcentaje de los salarios docentes en la comunidad
universitaria nacional se encuentra por debajo de la línea de pobreza”. También
resaltó el desfinanciamiento de las políticas de investigación, afirmando:
"Estamos hablando de políticas educativas y de investigación que también
están desfinanciadas, sin mencionar el estado de la infraestructura". En
este contexto, informó la necesidad de preservar los espacios destinados a
garantizar las acciones educativas y de investigación.
Asimismo, Manetti subrayó la importancia de seguir luchando por un presupuesto que otorgue sentido a la universidad, destacando el papel crucial de las tomas estudiantiles y los paros programados para visibilizar las consecuencias del cierre de facultades. Estas acciones invitan a la sociedad a reflexionar sobre el impacto en el conocimiento crítico y la memoria colectiva. "Este año, nuestra facultad conmemora los 30 años de la creación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos", a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno sobre jornadas históricas. La lucha por el presupuesto necesario continúa: "Es una lucha que vamos a ganar", concluyó.
Estatalidad y reforma penal
Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación y referente en el área de niñez de nuestro gremio, así como miembro de la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires (APIABA), fue la primera moderadora del encuentro. Indicó que el organismo al que pertenece, creado por la Ley 114, inspirado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ha perdido legitimidad desde la presidencia de Mauricio Macri en 2015.
"Hay una pérdida de roles y funciones asignadas por las leyes", acentuó, destacando que el organismo fue creado para poner fin con el patronato y la judicialización de la pobreza, promoviendo políticas públicas que garanticen los derechos de la infancia. Esto requiere: "repensar la estatalidad y cómo intervenir en el sentido común que propone como única solución para los pibes y pibas privarlos de la libertad", resaltando la importancia de un Estado basado en la igualdad, capaz de ofrecer respuestas efectivas a los jóvenes no punibles.
La dirigente gremial también afirmó: “Lo fundamental es la necesidad del reconocimiento a los y las estatales en términos de salario y condiciones de trabajo. Se hace cuesta arriba la restitución de derechos de les pibes en las condiciones actuales. En esta línea, hay que plantear nuevas políticas públicas, valorizar el rol de les estatales y trabajar por un proyecto de futuro para niños, niñas y adolescentes”.
Dani Fernández, del (PEC) y segundo moderador, habló desde su experiencia en contexto de encierro, señalando que cualquier reforma a la ley 22.278 debe incluir las voces de los jóvenes afectados. Destacó que ‘lo importante es que cualquier reforma esté alineada con los principios internacionales de derechos de la niñez y adolescencia’, y recordó la obligación del estado argentino de garantizar estos derechos según la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Discusión sobre la responsabilidad penal juvenil
La legisladora porteña Victoria Montenegro relató un caso reciente en el que la policía
detuvo a un niño de 13 años, y destacó que el Ministro de Seguridad respondió
en sus redes sociales: "Es un niño de 16 años con más de 70
entradas". Preciso que el ministro mostró documentación que no debería
poseer, ya que no debe existir un registro de menores. Según Montenegro, tal
respuesta refuerza la represión policial hacia las infancias y elude su
responsabilidad como funcionario del Estado al prometer mano dura y orden.
Montenegro enfatizó que el Estado no puede limitarse
a reprimir a los jóvenes, sino que debe asumir la responsabilidad de garantizar
su bienestar y educación desde el inicio. Señaló que la raíz del problema
radica en la falta de políticas integrales que protejan los derechos de las
infancias. "Tenemos la enorme responsabilidad de entender el momento
histórico y defender nuestra infancia", reitero, recordando el legado de
lucha y amor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
El abogado y escritor Julián Axat criticó duramente el proyecto de régimen penal juvenil
presentado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Aclaró la
problemática de una "infancia arrasada, empobrecida y criminalizada",
y sostuvo que la propuesta de bajar la edad de punibilidad a 13 años refuerza
la represión policial en lugar de ofrecer un enfoque integral. Además, cuestionó la falta de un régimen penal diferencial en el
proyecto, “esto es adultizar todo el sistema penal, al aplicar las mismas penas a menores que a adultos”. Lo
cual, según él, constituye un retroceso inconstitucional según la Convención
Americana.
Axat también
señaló la urgencia de que el congreso implemente un régimen penal juvenil que
no se enfoque solo en la edad de punibilidad, sino en un sistema restaurativo
basado en evidencia real, algo que actualmente no existe en Argentina debido a
la falta de datos serios sobre la criminalidad juvenil. Con el 60-70% de la
infancia en situación de indigencia, subrayó la importancia de evitar un
sistema penal represivo que agrave aún más el frágil contexto socioeconómico.
"La situación es tan crítica como en los años 90. Sumar un sistema penal
veloz, criminal y cruel sería realmente muy grave", advirtió.
La diputada Sabrina Selva cuestionó el proyecto de
Responsabilidad Penal Juvenil, basado en la idea de ‘delito de adulto, pena de
adulto’, argumentando que refleja un enfoque represivo y carece de fundamento,
ya que menos del 1% de los homicidios son cometidos por menores de 16 años. La
oposición cuestionó a los diputados que se oponían al proyecto: "Ustedes
defienden a los delincuentes, nosotros defendemos a las víctimas". Selva
insistió que su perspectiva es diferente; “claro que nos preocupan las víctimas
nosotros reconocemos los delitos, un delito que comete un adolescente no deja
de ser un delito pero el adolescente que comete un delito no deja de ser un
adolescente”.
“El primer
contacto de un joven con el Estado no debe ser la justicia penal",
mencionó, añadiendo que el proyecto impacta tanto a jóvenes en situación de
vulnerabilidad como a chicos de clase media. Considero que 'la baja de
punibilidad no resuelve el problema de la inseguridad en Argentina'; por el
contrario, perpetúa un 'relato estigmatizador'. En cambio, propuso actualizar
el régimen penal manteniendo la edad de punibilidad en 16 años y enfocándose en
la justicia restaurativa, ya que los jóvenes no son el verdadero peligro".
Eugenio Zaffaroni, abogado y exjuez de
la Corte Suprema, expuso que “la legislación penal que tenemos vigente para
menores es inconstitucional”. Destacó que la ley permitirá que niños y niñas
menores de 16 años estén ‘a disposición de un juez con poder absoluto', tanto
si se les imputa un delito como si son víctimas. Cuestionó: “¿Qué juez no tiene
errores de conducta?” y criticó la “ideología tutelar” actual, que elimina la
necesidad de defensa y un juicio imparcial. Abogó por “garantizar la
procedibilidad; al nene no se le puede hacer nada mientras no se le pruebe que
cometió un delito, con la misma garantía del adulto”.
“Cuidado con meter en una institución total a un niño, niña o adolescente; sea como sea, es una cárcel de niños y toda institución total inevitablemente tiene un efecto deteriorante”, reflexiono Zaffaroni. También alertó: “Espero que el disparate no obtenga sanción, pero de obtenerla, no sé si será viable en los hechos, ya que se enfrentarán a las mismas dificultades que encontró la dictadura hace 40 años”. Finalmente, hizo un llamado a defender la soberanía, el Estado de Bienestar, así como la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.
Expectativas del público
Conociendo el Encuentro Nacional de
Escritura en Cárceles
Este evento, que incluye paneles, lecturas, muestras, música y una feria, promueve el diálogo entre estudiantes y escritores en libertad, abordando las problemáticas del encierro y destacando la educación y la escritura como herramientas de transformación social. Según Sabrina Charaf, Coordinadora del (PEC), la escritura es un medio poderoso que deja huellas y transforma realidades, facilitando la creación de comunidades y un encuentro de voces.
