31 enero 2018
- Por un lado que aumentó la cantidad de Residuos Sólidos Urbanos que se enterraron durante el 2017 en el CEAMSE.
- Por el otro que “no descartan "clarificar" algunos conceptos de la ley basura cero, a la que consideran una norma "mal hecha".”
Respecto de la primera cuestión, la justificación del aumento en los residuos que se enviaron desde la Ciudad a los rellenos sanitarios fue el crecimiento económico. Falso. Los indicadores de la Universidad Católica Argentina (UCA), que lejos está de ser una institución opositora, muestran que el 31,4% de los argentinos vive actualmente en una situación de pobreza, lo que representa a unas 13,5 millones de personas. Y hay otro dato alarmante: el 48% de la población que vive bajo la línea de pobreza son niñxs de entre 0 y 14 años. Ni siquiera hace falta ver los números, alcanza con observar la cantidad de nuevas personas en situación de calle y de nuevos cartonerxs informales para darse cuenta que la pobreza está en aumento.
Respecto de la segunda cuestión, el Ministro Macchiavelli ataca la Ley 1.854, más conocida como Basura Cero. Lo hace porque es un marco importante y porque es una forma de excusarse de que no han logrado bajar significativamente la cantidad de toneladas enterradas De la misma nota se desprende que “según las cifras oficiales, se generaron unas 44.000 toneladas extra de residuos el año pasado, de las cuales 6000 no pudieron recuperarse y fueron al vertedero. Esto significa entre 0,5% y 0,6% más que el año pasado, es decir que pasó a enterrar 1.094.708 tn en 2016 a 1.101.202 tn en 2017.” Es decir, después de 10 años de gestión del mismo signo político seguimos hablando de que se entierra más de un millón de toneladas de basura.
A su vez, Macchiavelli señaló que “a fin de año habrá 3.700 campanas verdes, 300 puntos verdes de recuperación de material reciclable y dos nuevas plantas de separación mecánica y enfardado de reciclables con una capacidad de 10 toneladas por hora.” Nos cuesta creer en la veracidad de estos dichos, teniendo en cuenta que las promesas que se realizaron sobre la puesta en marcha de relevamientos y resolución de los problemas existentes en el sistema de reciclado con inclusión social que figuraba en el convenio marco firmado con las cooperativas a fines del 2016, y que tenía un plazo de 90 días; no avanzó en nada.
Necesitamos que los funcionarios dejen de hacer anuncios vacíos, generen políticas públicas reales e inviertan en los verdaderos actores que pueden garantizar la disminución del entierro indiscriminado: los recuperadores urbanos, las campañas masivas de separación en origen y la jerarquización de los trabajadores y las trabajadoras estatales.
