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Fue al dar lugar a una medida cautelar presentada por nuestro sindicato, y que lleva la firma de Daniel Catalano – Secretario General – junto a Legisladores de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia Y Juventud de la CABA (Andrea Conde, Pablo Ferreyra, Patricio Del Corro); Legisladores de la CABA (Carlos Tomada, Paula Pennaca, Lorena Pokoik, Jose Campagnoli, Marcelo Ramal); ONGs: Observatorio de DDHH, Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC), Asociación por los Derechos Humanos (APDH); Plenaristas del CDNNyA (Jose Machain, Florencia Gentile y Norberto Gabriel Kohen por la ONG La Casona de los Barriletes), entre otros.
De esta manera, la resolución tomada por el Juzgado N.º 2 de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo (CABA) con fecha 1 de Noviembre suspende “la atribución -otorgada mediante Decreto 492/16 y Convenio de transferencia- al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes - de dirigir, gestionar y organizar los programas de asistencia directa y los dispositivos de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal (DINAI), en el marco del proceso de transferencia de los mismos del ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)” al ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida cautelar presentada, alega que la decisión del ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires constituye una "aberración jurídica desde el punto de vista del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", contrario a la Constitución de la CABA y al marco normativo (Ley 114), en tanto disponía que el mismo organismo que administra los dispositivos penales destinados a adolescentes sea, a su vez, aquél que debe controlarlos y garantizar la plenitud de los derechos humanos de los chicos y chicas allí alojados.
Del mismo modo, destaca que la resolución tomada desde el ejecutivo resulta consistente con el proyecto de vaciamiento de las políticas públicas de inclusión y acceso a derechos de carácter integral y universales para Niños, Niñas y Adolescentes que el Macrismo viene implementando desde hace años en la Ciudad de Buenos Aires, priorizando la prosecución penal de adolescentes sobre los programas asistenciales y de acceso a derechos. De esta forma pretende continuar construyendo condiciones de expulsión social que generan procesos de violentación, para justificar el avance de las fuerzas de seguridad, la criminalización y represión.
Celebramos la resolución judicial y esperamos que la misma abra la instancia de diálogo necesaria para la construcción de un sistema de responsabilidad penal juvenil conforme a derecho en la Ciudad de Buenos Aires.
