08 agosto 2017
Presentamos un amparo ante la Justicia para exigir al Ministerio de Modernización de la Nación que informe todos los datos relativos a la contratación de consultoras privadas para la realización de "informes de dotación óptima de personal", tanto en lo relativo a los modos de contratación, plazos y recursos asignados como los criterios adoptados para realizar esos estudios.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, consideró que la contratación de estas empresas "es insólita, porque una consultora no puede analizar al Estado y sus funciones como si fuera una compañía privada con fines de lucro". Expresó que "el éxito o no de las políticas públicas del Estado no se mide con tasas de rentabilidad". Sostuvo que "es obvio que detrás de estas erogaciones hay negocios espurios" y concluyó que "preparan informes digitados para justificar nuevos despidos en el marco del ajuste que amenazan con realizar antes de fin de año".
Desde ATE Capital impugnamos desde el primer momento la conducta adoptada por el Ejecutivo Nacional para determinar un nuevo ajuste del Estado, de la mano de dudosas contrataciones de consultoras privadas. Consideramos manifiestamente inconstitucional el accionar de la gestión del ministro Andrés Ibarra, y denunciamos este nuevo accionar como parte del plan sistemático de persecución y estigmatización contra los trabajadores y trabajadoras del Estado y sus organizaciones, con el fin de desprestigiar y menospreciar el empleo público.
