En el día de la fecha, se reúne la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social en la sede de ATE Capital, a fin de repudiar la Ley 27.426 –y el decreto 1058- sancionada con un tratamiento exprés y en un marco de brutal represión a la movilización popular de cientos de miles de compatriotas a lo largo y ancho del país, con epicentro en la plaza de los Dos Congresos.
Los sindicatos nucleados en ambas CTA y la Corriente Federal de la CGT, organizaciones de jubilados y demás asociaciones intermedias, con la adhesión del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas y la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, resolvemos poner a disposición nuestros departamentos jurídicos para encarar todas las acciones judiciales necesarias para atacar la inconstitucionalidad de esta ley que genera un daño irreparable al patrimonio de cada jubilada, jubilado, niña, niño y adolescente y demás titulares de derechos de la seguridad social.
Las prestaciones de la seguridad social garantizan derechos alimentarios y la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales consagran el principio de no regresividad. El daño causado consiste en la pérdida de poder adquisitivo por la quita del porcentaje de movilidad del último semestre, la afectación de los próximos jubilados en el cálculo del haber inicial, la exclusión de alcanzar el 82% del salario mínimo a quienes accedieron al derecho a jubilación a través de las leyes de inclusión previsional y pensiones, el aumento a 70 años de la edad para jubilarse y la severa quita de recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social mediante la reforma tributaria (fundamentalmente vía contribuciones patronales e impuesto a las ganancias).
Para ser concretos, entendemos que este recorte de los haberes y asignaciones es como si nuestros adultos mayores y niños hubieran sufrido un robo. Se trata de la construcción de un modelo donde se diferencian jubilados de primera y jubilados de segunda que caerán en la PUAM aumentando dramáticamente la brecha de ingresos dentro del colectivo de jubilados y pensionados y del retroceso de derechos que van desde la armonización de los regímenes provinciales hasta esta rebaja a través de un nuevo coeficiente de actualización para apropiarse de $ 100.000 millones de la seguridad social.
Ante este estado de cosas, ratificamos nuestra voluntad de seguir luchando en todos los frentes por los derechos sociales adquiridos y por su ampliación, repudiando todo retroceso en la calidad democrática y el Estado de derecho, hoy seriamente cuestionado por un gobierno que no dialoga y reprime cada vez con mayor violencia institucional.
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