28 marzo 2017
Venimos presenciado en los últimos tres meses una feroz campaña mediática que busca instalar una representación social de los niños y adolescentes de barrios pobres como potenciales asesinos. En varias ocasiones encontramos el mismo accionar: se utilizan hechos criminales alrededor de los cuales se orquestan notas televisivas o de diarios en los que se muestran fotos, perfiles de Facebook, nombre o apodos de niños a los que se acusa, sin ninguna prueba ni proceso judicial mediante, de graves delitos violando todos sus derechos.
Estos medios de comunicación infringen la ley exponiendo públicamente datos que permiten acceder a la identidad de niños y niñas, lesionando su reputación y vulnerando su derecho a la dignidad (Art. 22 Ley 26061).
El tono de las acusasciones expone a los niños y adolescentes a ser víctimas de violencia incitando a los vecinos a hacer “justicia por mano propia” y generando mayor violencia social. No podemos dejar de señalar que esta campaña mediática va de la mano con la iniciativa del gobierno de bajar la edad de punibilidad y ambas al servicio de mensajes de campaña electoral.
Como trabajadores y trabajadoras del Estado convivimos a diario con la realidad acuciante de las familias diezmadas por la pobreza y la exclusión, y nos enfrentamos con la realidad de políticas públicas precarias, fragmentadas, desfinanciadas que no garantizan los más básicos derechos de los niños y niñas. Al mismo tiempo, un incremento en la violencia institucional así como en la violencia social (de la segregación y la estigmatización dirigidas a los niños, adolescentes y jóvenes) producto de la avanzada de las políticas de ajuste de este gobierno, que producen el cierre de puestos de trabajo de los/as adultos, la falta de vacantes en las escuelas, el vaciamiento de programas de inclusión para los chicos/as. La expulsión social genera violencia, y se busca poner a los chicos/as como blanco móvil de las políticas represivas y punitivas.
El último acontecimiento deja clara la intencionalidad política de fondo. La semana pasada, el Diario La Nación sentenciaba y juzgaba a un grupo de pibes del Barrio Fátima y Ramón Carrillo acusándolos de ser culpables de robo y asesinato, mostrando datos personales e imágenes, buscando además de estigmatizar a los pibes, justificar la baja de la edad de punibilidad. Como consecuencia, el viernes 24/3 arrestaron en el Barrio Ramón Carrillo a un niño de 8 años que había sido mostrado en esta nota, según tituló el diario La Nación, "por matar a un joven durante un robo". La operación mediática, amarilla y represiva tuvo el efecto deseado.
Desde el Área de Niñez de ATE Capital, nos solidarizamos y acompañamos a las/os trabajadoras/es y vecinas/os de Barrio Ramón Carrillo y Fátima, y nos sumamos a su lucha por la defensa de los derechos de los pibxs.
Por todo ello, decimos:
-Los niños, niñas y adolescentes pobres no pueden ser usados de chivo expiatorio para el malestar social creciente frente a un gobierno que no busca dar respuesta a las necesidades de las mayorías.
-La baja de la edad de punibilidad no sirve, confunde, es inconstitucional.
-La niñez y adolescencia necesitan políticas públicas integrales y de calidad.
-Un Estado que penaliza y encierra a niños y niñas, constituye una política que vulnera los derechos humanos.
LOS PIBXS NO SON NUESTROS ENEMIGOS. LA CÁRCEL NO ES LA SOLUCIÓN, ES PARTE DEL PROBLEMA.
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ESTÁN EN EMERGENCIA!
Área de Niñez
