10 febrero 2017
Con la asunción del conglomerado conformado por Cambiemos al frente del Gobierno Nacional, el 10 de diciembre de 2015, la Administración Pública Nacional pasó a ser un botín de guerra de los tecnócratas y CEO´S, cuya principal acción fue instalar un profundo desprecio y desprestigio hacia el Estado, las políticas instrumentadas y sus trabajadores.
El primer trimestre del 2016 arrojó una sangría de profesionales y trabajadores altamente capacitados en diversas áreas sensibles del Estado, como el diseño, desarrollo y producción de chalecos antibalas, programas de protección social destinados a los sectores más vulnerables de nuestro Pueblo, instrumentos de acceso pleno al conocimiento como el Plan Conectar Igualdad, etc.
En este escenario, las diversas iniciativas y proyectos vinculados al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), así como la promoción y ejecución de líneas de investigación, comenzaron a recibir el impacto de la desaceleración. Lo cual se vio determinado por las acciones de desfinanciamiento, enfocadas centralmente en la adquisición de insumos y en el presupuesto destinado al mantenimiento de los distintos laboratorios y Centro de Investigación.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), como nunca en sus 50 años de creación, había recibido en los últimos años un fuerte financiamiento sustentado en una política de Estado. Esto implicó una planificación estructural destinada a poner al sistema de Ciencia y Técnica en función del objetivo de un país con desarrollo tecnológico autónomo y con la firme decisión de vincularlo al sector productivo, para incorporar valor agregado a productos primarios de la Argentina y salir del paradigma de país agroexportador.
Este proceso de crecimiento exponencial del sector, trajo una serie de debates –tanto dentro como fuera de la comunidad científica- sobre la necesidad de planificar la política de Ciencia y Técnica. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, fue parte -y fruto- de ese proceso.
Como dijimos, el cambio de gobierno y de acciones en el sector, terminó configurando el escenario de ajuste, con la presentación de la propuesta de Presupuesto 2017 para el CONICET, con una fuerte restricción presupuestaria y con el intento de eliminar excepciones de designación del personal. Obviamente, esto generó la reacción, organización y movilización de diversos sectores de la comunidad científica junto a los actores del mundo universitario.
Estas acciones de resistencia por parte de la comunidad científico técnica, instaladas fuertemente en la sociedad que toma como un patrimonio social las acciones vinculadas al conocimiento, hicieron que el Gobierno tuviera que revertir levemente el ajuste, pero no desistir en el intento. Así fue que, en diciembre, y ante la convocatoria habitual y normal del llamado a Concurso de Ingresos a la Carrera del Investigador Científico, llegaron las “sorpresas”. Los funcionarios informaron que, a pesar de haber sido seleccionados, centenares de científicos y científicas, que fueron evaluados rigurosamente por diversas instancias académicas, no pueden ingresar por restricciones presupuestarias. La reacción fue inmediata y se materializó con la movilización y la ocupación de la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en reclamo de la incorporación de los compañeros y compañeras que fueron seleccionados.
Gracias a una importante adhesión social expresada durante la semana de conflicto, y con la firmeza de todos los grupos de investigación y de nuestra organización gremial, se logró instalar una Comisión Mixta de Seguimiento, que no tiene antecedentes en la historia del Organismo. Su objetivo es evaluar la continuidad de cada trabajador en los grupos y laboratorios donde venían desarrollando sus actividades. La negociación tuvo un saldo de victoria parcial, al obtener la prorroga de beca posdoctoral para todos los afectados hasta el 31 de diciembre de 2017.
El intento de mutilar la planificación establecida por el Plan Innovar 2020, cuyo objetivo era incorporar a la Carrera del Investigador Científico, un incremento del 10 % respecto al año anterior, hasta alcanzar la meta de un Investigador Científico cada 5.000 habitantes de la población económicamente activa (PEA), tuvo su traspié y queda de aquí en adelante el desafío por la disputa del sentido común hacia la sociedad, producto del intento de desprestigiar la actividad científica y cuestionar la validez de su producción.
Pretenden instalar que la inversión en Ciencia y Técnica es un gasto, que incrementa el déficit fiscal, o lo que es peor aún, en las declaraciones del propio Ministro Barañao que ¨no se puede incrementar la planta de investigadores en un país con 30% de pobreza¨. Su objetivo es el recorte y la ampliación de la intervención privada, apuntando a conceptos que claramente no se sostienen en la realidad. El conflicto está abierto en torno a la disputa de las políticas públicas del sector.
