17 agosto 2016
Desde la nueva gestión ya se han cerrado las cuadrillas operativas, el control sobre las empresas y el seguimiento de los reclamos.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren vuelve a ser noticia por los ajustes, pero en este caso no es por las tarifas de los servicios, sino por el desmantelamiento del área en la que se desempeñan más de 280 empleados y que está destinada a asistir los reclamos y denuncias que los usuarios realizan acerca de las empresas de electricidad.
Es por ello que en las primeras horas de la mañana, más de un centenar de trabajadores del Ministerio de Energía y Minería -nucleados en ATE Capital-, se concentraron en la puerta del organismo para repudiar esa decisión y exigir la apertura de una mesa de negociación con el ministro Aranguren.
El sector en conflicto es un centro de atención de reclamos que funcionaba en la sede del ministerio, en Hipólito Yrigoyen 250, el cual incluía una oficina a la que se derivaban los casos más urgentes y complejos, para seguir de cerca su evolución. Tras asumir como titular de la cartera, Aranguren mudó el área a un centro de atención telefónica en San Justo, dentro de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).
Las autoridades del organismo advirtieron a los trabajadores que la única alternativa para conservar la fuente laboral es aceptar la desvinculación bajo la promesa de que van a ser recontratados por el call center que funciona en la universidad, pero al mismo tiempo admiten que atender los reclamos es responsabilidad de las compañías que prestan el servicio, a pesar de que las mismas no responden a los llamados de los usuarios.
Tras varias horas de permanencia sobre la entrada principal del organismo, Aranguren recibió a los representantes de ATE Capital y se comprometió a revisar la situación del Call Center y a volver a recibirlos el próximo miércoles para continuar la discusión sobre la continuidad del área y respetar los puestos de trabajo.
Desde ATE Capital explicaron que se trataba de un servicio fundamental para los reclamos de los ciudadanos ya que “los coordinadores tenían los teléfonos de los gerentes de las empresas y sabían dónde estaban las cuadrillas. Hablaban directamente con ellos, para apurarlos y que lo solucionen”. Pero en la actualidad aseguran que “toda la labor de los empleados quedó reducida a recibir llamadas y pasar el reclamo a la empresa, pero ya nadie hace ningún seguimiento de nada”.
