Estas maniobras burocráticas para intervenir la Capital Federal se están convirtiendo en un Modus Operandi. En el año 2022 (antes de la elección de consejos directivos de 2023), se realizó una reforma del Estatuto a nivel nacional que convirtió la Asamblea Anual de Afiliados, en la que se votaba la memoria y balance de la Capital, en un Congreso, cerrándolo así a la participación directa de los afiliados y afiliadas.
La Federación Sindical Mundial (FSM) envió una carta al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Alberto Baños, expresando la profunda preocupación por el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia durante su gestión y solicitando la reincorporación de los y las trabajadoras despedidas.
Luego de meses de una larga la persecución, maltrato y hostigamiento en el Ministerio de Justicia y días antes de terminar el año, el gobierno nacional anunció el despido de más de 2.000 trabajadores y el cese del pago de un complemento salarial que perciben más de 1.000 personas. Mañana a las 11 hs. movilizaremos masivamente al Ministerio de Justicia para rechazar los despidos.
El próximo jueves 12 movilizamos y brindaremos una conferencia a las 11 hs. en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (Diagonal Norte y Esmeralda) que encabeza Federico Sturzenegger y presentaremos los resultados del plebiscito sobre si los y las trabajadoras están a favor o en contra de la “evaluación de idoneidad” que impulsaron desde el gobierno.
El próximo jueves 28 se vota la Ley de Enfermería. Dos proyectos en pugna que deja en evidencia que la discusión no es si los y las trabajadoras son profesionales o no, sino cuál va a ser la mejor forma de jerarquizarlos.
El fallo lleva alivio a los trabajadores y trabajadoras del GCBA y autárquicos. Con el equipo jurídico plantamos la inconstitucionalidad de cobrar impuesto al salario y se hizo justicia.
Acompañamos activamente en el Congreso de la Nación la presentación del proyecto de Ley para declarar la “Emergencia Pública” en materia ocupacional hasta el 31 de diciembre de 2027 que tuvo como iniciativa el diputado nacional y secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky.
La Ley Ómnibus que tiene media sanción compromete derechos de los y las trabajadoras, derechos que ya teníamos conquistados. Con respecto al empleo público flexibilizan la relación del empleo público, hay un retroceso sobre los derechos de las y los trabajadores, quedando en cabeza del Estado empleador modificar sustancialmente las condiciones de trabajo como por ejemplo la “movilidad geográfica” sin consentimiento del trabajador.
